En las conversaciones privadas con altos funcionarios del Estado —esos espacios donde la lealtad institucional cede momentáneamente ante la necesidad de compartir frustraciones genuinas— emerge un diagnóstico inquietante: la capacidad técnica, la solvencia deliberativa y el compromiso con el bien común que debieran caracterizar a nuestra clase política están en franco declive. No se trata de anécdotas aisladas, sino de un patrón transversal que quienes conocen el funcionamiento interno de las instituciones perciben con preocupante claridad.

 La democracia chilena enfrenta hoy un desafío que va más allá de la crisis de representación o la polarización: el deterioro sostenido de la calidad de su política. Este fenómeno, a menudo subestimado en los análisis sobre la desafección ciudadana, limita dramáticamente la capacidad del sistema para procesar demandas complejas y construir acuerdos sostenibles. Tras una década de "progresivo" deterioro económico y político, la caída en la confianza hacia el gobierno no debería sorprendernos.

El debate devenido en espectáculo

 El empobrecimiento es visible en todas partes. Los debates públicos están cada vez más vacíos de contenido programático. Las discusiones sobre políticas públicas han sido desplazadas por intercambios centrados en la coyuntura mediatica, donde predominan lógicas comunicacionales de corto plazo. La política se ha reducido a una sucesión de duelos y performances, donde la capacidad de generar titulares importa más que la solidez de las propuestas.

 Esta superficialidad no es accidental. Responde a incentivos electorales y comunicativos que privilegian la viralización por sobre la profundidad argumentativa. Los medios tradicionales, presionados por la crisis de sus modelos de negocio, priorizan controversias personales sobre análisis detallados. Las redes sociales amplifican esto mediante algoritmos que premian el contenido polarizante y castigan la complejidad. Como advirtió Manuel Castells hace casi tres décadas, los actores políticos adaptan dócilmente sus estrategias a este entorno, profundizando el deterioro del debate público.

La deliberación perdida

 La escasa disposición a la deliberación informada constituye un segundo problema crítico. La creciente polarización ha erosionado los espacios de diálogo genuino, reemplazándolos por trincheras donde la lealtad tribal y la aspiración a mantenerse en el cargo prevalecen sobre el mérito de los argumentos. El debate político pierde racionalidad, disposición a escuchar y la mínima distancia e imparcialidad requerida para decidir responsablemente.

El proceso de reformas constitucionales que autorizó los retiros previsionales ilustra perfectamente este deterioro. Más allá de las motivaciones sociales comprensibles, las reformas evidenciaron una renuncia preocupante a estándares mínimos de responsabilidad: advertencias técnicas reiteradas sobre efectos inflacionarios, fiscales y previsionales fueron sistemáticamente subordinadas a cálculos de popularidad inmediata.

Los episodios se acumulan: dos procesos constitucionales fallidos, indultos presidenciales sin estándares jurídicos consistentes, errores en proyecciones fiscales, fallas en tarifas eléctricas, escándalos por errores jurídicos de magnitud, transfuguismo parlamentario, uso instrumental de acusaciones constitucionales. El hilo común es el debilitamiento del respeto por la evidencia, por la asesoría calificada, por los contrapesos técnicos. Los costos no recaen en quienes deciden, sino en la confianza pública y en la capacidad del Estado para gobernar responsablemente.

 No se trata de defender una visión tecnocrática que priorice lo técnico sobre lo político, sino de reconocer que ignorar sistemáticamente la evidencia disponible no constituye una decisión política legítima, sino irresponsabilidad o, en ocasiones, imprudencia temeraria.

 El veneno de la corrupción

 Pocos factores han resultado tan devastadores como la reiteración de episodios de corrupción. Escándalos de financiamiento ilegal, peculados, tráfico de influencias y conflictos de interés han dejado de ser excepciones para convertirse en parte central del relato público sobre la política chilena. La lista de instituciones afectadas es extensa: partidos políticos, policías, ejército, empresas, organizaciones de la sociedad civil, municipios, gobiernos regionales y, últimamente, el Poder Judicial.

 Los casos de financiamiento irregular revelados desde 2014 involucraron a gran parte del espectro político, consolidando la percepción de que "todos son iguales" y de que la clase política opera como un cártel desconectado del bien común. Cuando figuras implicadas en prácticas corruptas mantienen o recuperan posiciones de poder, el mensaje es inequívoco: las reglas no se aplican igual para todos. Se configura así un equilibrio de baja confianza donde la honestidad se percibe como desventaja competitiva.

 La corrupción no solo erosiona la confianza; también legitima retrospectivamente el discurso antipolítico. Los outsiders que prometen "limpiar" el sistema encuentran en estos episodios el material perfecto para sus relatos. Cada escándalo no sancionado daña la legitimidad del sistema democrático en su conjunto.

Cargos sin proyecto

La obsesión por obtener cargos, desprovista de compromisos programáticos sustantivos, ha transformado la naturaleza de la actividad política. Como han advertido Kaare Strøm y Steven Wolinetz, los partidos efectivos deben equilibrar tres objetivos: acceder al poder, representar a sus electores e implementar políticas coherentes con sus principios. Una política reducida únicamente a la conquista del poder resulta "vacía y sin sentido", como señalaba Max Weber, pues "contra la nada se discute mal", en palabras de Giovanni Sartori.

Los partidos que renuncian a proyectos programáticos coherentes se convierten en maquinarias electorales intercambiables, incapaces de generar identidades colectivas y lealtades duraderas. Esta concepción de la política como "caza de cargos" aumenta además el riesgo de colonización partidista del Estado, dificultando avanzar hacia un servicio civil profesional y estable.

La trampa de la cartelización

Richard Katz y Peter Mair describieron la "cartelización" de los sistemas de partidos: organizaciones cada vez más profesionalizadas, dependientes de recursos estatales y distanciadas de sus bases sociales. Esta lógica confirma la "ley de hierro de la oligarquía" de Robert Michels: incluso organizaciones nacidas con vocación democrática desarrollan élites con intereses propios, desvinculados de quienes dicen representar.

Cuando los partidos establecidos convergen en prácticas burocráticas de reproducción, se abren espacios para actores desafiantes que capitalizan el descontento mediante discursos populistas o antipolíticos. Parafraseando a Marx y Engels: la política de mala calidad, sin importar la edad de quienes la practiquen, termina generando sus propios sepultureros.

Selección adversa: repeliendo talento

El declive no es solo consecuencia de las deficiencias actuales, sino resultado de un proceso sistémico que repele talento y atrae perfiles inadecuados. Profesionales competentes evalúan racionalmente los costos: exposición mediática constante, escrutinio invasivo, riesgo reputacional y alto desgaste. A diferencia de otras democracias donde trayectorias extensas compensan estos costos con estabilidad e influencia, en Chile la volatilidad electoral impide que incluso el sacrificio personal se traduzca en capacidad de incidencia sistemática.

El resultado es un sistema que atrae, por un lado, a individuos genuinamente motivados por el servicio público —un grupo cada vez más reducido— y, por otro, a personas con menores oportunidades en otros ámbitos o a oportunistas que buscan capturar rentas. Esta selección adversa opera acumulativamente: cuadros de menor calidad producen política de menor calidad, elevando aún más los costos de entrada para perfiles competentes.

La desinstitucionalización partidaria ha debilitado carreras progresivas que permitan adquirir experiencia, favoreciendo la irrupción de figuras mediáticas con escasa preparación para gobernar. Los partidos, preocupados por su desprestigio, recurren transversalmente a candidaturas del mundo del espectáculo en una estrategia adaptativa que profundiza el problema.

La esfera adversarial

 La esfera pública contemporánea se organiza más en torno a la confrontación expresiva que a la formulación de soluciones. El debate se estructura como juego de suma cero, donde cada actor busca diferenciarse de sus adversarios incluso a costa de bloquear políticas beneficiosas. Surge así una situación perversa: cada actor tiene incentivos para radicalizar posiciones y bloquear acuerdos, pero el resultado colectivo es una parálisis que perjudica a todos.

 En sistemas diseñados para el consenso, la consecuencia es el retardo decisorio. Estas demoras generan costos sociales y económicos elevados, prolongan la incertidumbre y perpetúan inequidades. La dilación por más de una década de la reforma previsional es un ejemplo paradigmático.

La ausencia de prudencia política 

Más allá de los factores estructurales, el deterioro tiene una dimensión ética fundamental. Para la tradición aristotélico-tomista, la prudencia es la virtud rectora de la acción práctica. No se reduce a astucia o cálculo de corto plazo, sino que implica obrar con base en principios superiores. Gobernar prudentemente exige aceptar que ciertas políticas correctas generarán costos políticos inmediatos. Renunciar a ellas por cálculo electoral es lo contrario de la virtud política.

Una política que no se orienta por principios superiores —la justicia, el bien común, la dignidad de las personas, la preservación institucional— se reduce a gestión reactiva del presente. Las decisiones que hipotecan el futuro tienen en común la ausencia de representación de quienes sufrirán sus consecuencias: las generaciones futuras carecen de voz y voto. Se pierde la capacidad de resistir presiones del ciclo mediático, se renuncia a la responsabilidad intergeneracional y se opera en un presente perpetuo que erosiona legitimidad y eficacia.

Construir la calidad  

Las implicancias trascienden la insatisfacción coyuntural. Un sistema incapaz de generar políticas de calidad, basadas en evidencia y orientadas al largo plazo, se condena a la improvisación permanente. Paradójicamente, reconocer estos déficits no debilita la democracia sino que la honra: solo ella puede sostener autocríticas rigurosas sin derrumbarse. La diferencia entre crítica constructiva y discurso antipolítico radica en que la primera aspira a mejorar el sistema desde sus propios valores, mientras que el segundo busca sustituirlo por completo.

La brecha entre la complejidad de los desafíos contemporáneos —cambio climático, transformación tecnológica, envejecimiento poblacional, crimen organizado, desigualdad persistente, caída de productividad— y la capacidad de respuesta institucional se amplía peligrosamente, debilitando eficacia estatal y legitimidad democrática.

Revertir esta tendencia exige transformaciones profundas: reconstruir una cultura política que combine hablar veraz y deliberación informada con estándares exigentes de responsabilidad; fortalecer partidos e instituciones como espacios de formación y control de liderazgos; proteger la autonomía técnica frente a presiones coyunturales; elevar los costos de la irresponsabilidad y la corrupción; incorporar perspectiva intergeneracional en decisiones con efectos duraderos.

Todo esto resulta inviable sin una formación cívica vigorosa y una ciudadanía informada, capaz de distinguir entre demagogia y propuestas responsables, de exigir rendición de cuentas efectiva y de sostener una política orientada al bien común. Esta formación no puede reducirse a la enseñanza abstracta de instituciones, sino que debe cultivar disposiciones activas: evaluar críticamente propuestas, resistir la demagogia y las noticias falsas, tolerar el desacuerdo razonable y comprender que la democracia exige esfuerzos sostenidos de todos.

Como han señalado Schumpeter, Linz y Morlino, la calidad de los líderes y dirigentes políticos, aunque difícil de medir, no es tema de elitistas o románticos. En última instancia, la calidad de la democracia nunca supera la calidad de la política que la sostiene, ni la de la ciudadanía que está dispuesta a exigirla. Si quienes están más cerca del funcionamiento efectivo de las instituciones perciben este deterioro con tanta claridad, postergar su discusión pública ya no es prudencia, sino complicidad.