La reacción de diversos actores políticos en Chile frente a anuncios de movilización social por parte de grupos que defienden intereses sectoriales puede leerse, más que como una sorpresa genuina, como una manifestación de inconsistencia analítica. En efecto, la teoría de la acción colectiva y la economía política ofrecen herramientas suficientes para anticipar tanto el surgimiento de estas protestas como sus afinidades políticas.

Desde la perspectiva de la teoría de la acción colectiva, las personas tienden a organizarse cuando perciben que los beneficios de la acción conjunta superan sus costos, particularmente en contextos donde existen incentivos selectivos o amenazas claras a sus intereses materiales. A su vez, la literatura también muestra que la movilización no depende únicamente de agravios objetivos o simbólicos. También inciden las oportunidades políticas, las redes organizativas y los repertorios de acción disponibles. Todos estos factores se potencian en democracia.

Este marco permite comprender por qué las afinidades políticas de los movimientos sociales y grupos de presión no responden al azar, sino que se estructuran en función del contenido de sus demandas. Cuando la presión tributaria es percibida como excesiva o la inseguridad se convierte en una preocupación dominante, emergen protestas que demandan menor carga fiscal o mayor orden público, en clave de orden y seguridad. Estas agendas tienden a alinearse con posiciones políticas asociadas a la derecha, en tanto responden a intereses vinculados a la protección de ingresos, la propiedad y la estabilidad.

En sentido inverso, cuando se proponen reducciones significativas del gasto público, cuestionamientos a beneficios sociales consolidados o disminuciones de impuestos con efectos fiscales y distributivos negativos previsibles, la activación de la acción colectiva por parte de los potencialmente afectados constituye una respuesta esperable. Como planteó Albert O. Hirschman, la “voz” se activa precisamente cuando los actores perciben que sus intereses están siendo erosionados y que los canales institucionales no bastan para procesar ese conflicto. En estos casos, la convergencia de los afectados con marcos interpretativos y alianzas políticas cercanas a la izquierda responde a la defensa de esquemas de redistribución y protección social.

La literatura contemporánea en economía política ha profundizado este análisis. Daron Acemoglu y James A. Robinson han mostrado cómo los conflictos distributivos se encuentran en la base de la evolución institucional y de la estabilidad democrática, subrayando que las políticas públicas no solo generan eficiencia o ineficiencia, sino también ganadores y perdedores, una situación que depende muchas veces de su capacidad de organización y movilización. De manera complementaria, el impacto público de la obra de Piketty ha dependido en buena medida de cómo las percepciones de desigualdad y de injusticia distributiva han influido crecientemente en la configuración de identidades políticas y en la propensión a la movilización tras la crisis subprime.

La evidencia comparada refuerza este diagnóstico. Aumentos significativos en el precio de bienes esenciales —como alimentos o combustibles— han operado recurrentemente como detonantes de protestas masivas, deterioro de la legitimidad gubernamental y episodios de alta conflictividad, e incluso de violencia callejera. Como ya advertía Barrington Moore Jr., las tensiones derivadas de medidas económicas pueden escalar políticamente contra gobiernos de todos los signos cuando afectan condiciones materiales básicas. En estos contextos, además, los actores opositores pueden intentar capitalizar el descontento, ampliando el conflicto más allá de sus causas originales.

Por otra parte, la relación entre grupos sociales y orientaciones políticas presenta regularidades estructurales. Las organizaciones vinculadas al mundo del trabajo y a amplios segmentos de consumidores tienden a favorecer políticas redistributivas, mientras que los grandes grupos empresariales suelen alinearse con propuestas que priorizan la estabilidad macroeconómica, las facilidades para la inversión privada y una menor carga regulatoria. En contextos de alta polarización, sin embargo, ambos tipos de actores pueden recurrir a mecanismos de presión que exceden los márgenes convencionales de la deliberación democrática, como huelgas laborales al servicio de intereses partidistas, paros patronales no institucionalizados o incluso la fuga masiva de capitales. La literatura institucionalista permite interpretar estos comportamientos como parte de disputas societales más amplias por la distribución del poder y la configuración de las reglas del juego.

De este modo, la movilización social debe ser entendida como un componente inherente al funcionamiento de las democracias contemporáneas, especialmente en contextos de reformas estructurales o de políticas que redistribuyen costos y beneficios. Evaluar su legitimidad únicamente en función de su orientación política no solo carece de sustento teórico, sino que introduce un sesgo que debilita la consistencia del debate público.

De lo anterior se desprenden dos implicancias normativas centrales para los actores democráticos. En primer lugar, resulta indispensable sostener un rechazo inequívoco a la violencia como forma de acción política, cualquiera sea su origen. En democracia, la legitimidad de la protesta debe depender de su carácter pacífico y de su inserción en marcos institucionales. En segundo lugar, es igualmente necesario evitar la descalificación apriorística de las expresiones de descontento social, particularmente cuando estas responden a percepciones extendidas de agravio o inequidad derivadas de decisiones de política pública.

En suma, más que reaccionar con sorpresa selectiva frente a la movilización social, lo que corresponde es reconocer su carácter predecible a la luz de la teoría, comprender sus fundamentos y exigir a todos los actores un compromiso consistente con las reglas del juego democrático y el respeto al Estado de derecho. Solo bajo ese estándar es posible procesar legítimamente el conflicto social en democracia.