El fin de semana del 16 y 17 de noviembre no fue fácil para el general director de Carabineros, Mario Rozas. Ese sábado, la Universidad de Chile publicó un informe en que se detallaba que los perdigones de goma que usaba la policía contenían un porcentaje de plomo y caucho en su interior. Al día siguiente, el jefe de la institución uniformada salió a respaldar la labor de sus subalternos y a encargar otro estudio sobre el contenido de los polémicos balines.
Ese mismo domingo, Rozas salió flanqueado por 14 generales. Estaba preocupado y molesto por los cuestionamientos, pero no era solo por eso: el jefe policial había recibido una serie de mensajes por WhatsApp en su teléfono personal, en los que amenazaban de muerte a él y a su familia.
Según fuentes del caso, los mensajes representan amenazas graves. En uno de los textos que recibió el general Rozas lo amedrantaban señalándole que le “sacarían los ojos” a algunos miembros de su familia.
Rozas hizo la denuncia inmediatamente como ciudadano particular ante la Fiscalía Oriente. La causa la asumió el fiscal de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, quien ya ha avanzado en las pesquisas en conjunto con el OS-9 de Carabineros.
Sepúlveda explicó a La Tercera PM que “son amenazas dirigidas hacia él y su entorno familiar más bien de eventuales males que pueden ser en sí mismos constitutivos de un delito grave, la integridad física de ellos. Se ha avanzado en determinar a algunas personas que podrían estar involucradas en los hechos respecto de los cuales se están haciendo las diligencias para determinar o descartar su participación”.
Entre las pesquisas, ya se habría identificado a un sospechoso. Se trata de un hombre de 58 años que ya declaró en la causa, quien no quedó detenido sino que solo apercibido, es decir, pendiente a cualquier citación de un tribunal o la fiscalía. Al respecto, el fiscal Sepúlveda sostuvo que “todavía estamos en diligencias tendientes a acreditar los hechos, probablemente cuando estén determinadas esas diligencias ahí podremos determinar si efectivamente hay o no antecedentes para imputarle algo a alguien”.
Cercanos al general explicaron que en los próximos días se presentará una querella a título personal de Mario Rozas, no como general director de Carabineros.
El origen y cambio de celular
El mismo día en que se hizo la denuncia por estas amenazas -donde también se le señaló que la intención era matarlo-, Rozas cambió el número de su celular. Este es manejado hoy con estricta reserva y solo está en poder de su círculo de asesores más cercanos, como también del Presidente Piñera, del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Sepúlveda explicó a La Tercera PM que “son amenazas dirigidas hacia él y su entorno familiar más bien de eventuales males que pueden ser en sí mismos constitutivos de un delito grave, la integridad física de ellos. Se ha avanzado en determinar a algunas personas que podrían estar involucradas en los hechos respecto de los cuales se están haciendo las diligencias para determinar o descartar su participación”.
Entre las pesquisas, ya se habría identificado a un sospechoso. Se trata de un hombre de 58 años que ya declaró en la causa, quien no quedó detenido sino que solo apercibido, es decir, pendiente a cualquier citación de un tribunal o la fiscalía. Al respecto, el fiscal Sepúlveda sostuvo que “todavía estamos en diligencias tendientes a acreditar los hechos, probablemente cuando estén determinadas esas diligencias ahí podremos determinar si efectivamente hay o no antecedentes para imputarle algo a alguien”.
Cercanos al general explicaron que en los próximos días se presentará una querella a título personal de Mario Rozas, no como general director de Carabineros.
El origen y cambio de celular
El mismo día en que se hizo la denuncia por estas amenazas -donde también se le señaló que la intención era matarlo-, Rozas cambió el número de su celular. Este es manejado hoy con estricta reserva y solo está en poder de su círculo de asesores más cercanos, como también del Presidente Piñera, del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
La institución acusa que, la filtración del contacto del general, se debe al hackeo masivo de datos personales realizado el pasado 25 de octubre, del cual fueron víctima más de 29 mil uniformados.