La Contraloría sostuvo que la ley no permite que los municipios vendan gas a precio de distribución a los vecinos, luego de que Lo Prado, Conchalí y Pelarco elevaran la solicitud.

El ente regulador remarcó que el "marco normativo vigente no contempla autorización para que la municipalidades puedan vender gas".

El dictamen llega después de que más de 100 jefes comunales del país se dieran cita la semana pasada en la comuna de Chiguayante -pionera en la materia- en la llamada "Cumbre Nacional del Gas por el Precio Justo", instancia en la que analizaron el modelo de gestión que les permitiría vender gas a bajo costo.

Dicho municipio mantiene gestiones con la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para incorporarse como vendedor minorista de gas, comercializando las unidades a bajo costo para sus vecinos.

El alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez (UDI), reclamó que gracias a la decisión de la Contraloría "se nos cierra la puerta, y llamamos a los convencionales y parlamentarios a modificar la Ley".

Más optimista fue el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Sharp, quien aseguró que "la decisión de la Contraloría no afecta en lo más mínimo los planes para poder distribuir gas a precio justo en nuestras comunas", y apuntó que la determinación era "esperable", puesto que "efectivamente los municipios se encuentran impedidos por ley de realizar este tipo de actividades económicas".

"Sin embargo -acotó- cuando los municipios forman asociaciones de municipios, sí tienen mayores facultades para desarrollar este tipo de actividades. El camino que hemos tomado es precisamente el de la formación de una asociación que nos permita desarrollar esta importante actividad para los vecinos y vecinas de nuestras comunas".

"Por tanto, la iniciativa del gas popular sigue plenamente vigente, de acuerdo a la ley y a los dictámenes de Contraloría", cerró el alcalde.

Municipios demandan cooperación de parlamentarios

"Es un duro revés para esta noble iniciativa, que nace desde los municipios para hacerle frente al oligopolio de las empresas distribuidoras de gas, que han afectado duramente al bolsillo de nuestra gente con estos precios abusivos", comentó por su parte el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (Ind).

"Vamos a seguir insistiendo, buscando todos los resquicios legales para doblarle la mano a este injusto dictamen de Contraloría. Si por esta vía no tenemos éxito, seguiremos insistiendo, aunando fuerza con los parlamentarios para modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para así crear todas las condiciones necesarias para concretar el proyecto de gas popular a un precio justo", anticipó.

A su vez, Jorge Rivas (DC), vicepresidente de la Asociación de Municipios del Biobío, consideró "sorprendente y lamentable" el dictamen, pero coincidió con Astudillo en cuanto a que "si es necesaria una ley de este tipo, llamamos a los parlamentarios y parlamentarias a que asuman este compromiso, y vamos a sacar un cuerpo legal cuanto antes para poder vender gas o cualquier otro producto que vaya en beneficio directo de las familias".

Por lo demás, el alcalde de Mulchén dijo esperar que "en el próximo cuerpo constitucional esté consagrado este tipo de inconvenientes que hoy día tenemos, y que se dote a las municipalidades de más facultades y atribuciones para poder actuar".

"Los municipios son las primeras puertas que se abren del Estado a los ciudadanos, y todo buen gobierno debería comenzar en ellos (...) espero que abra las puertas para la discusión, no solamente en la venta del gas, sino en muchos otros temas tan importantes para la ciudadanía, y que tenemos que considerar y priorizar", cerró la autoridad comunal.