Informe de la UDP desmiente la eficacia del control preventivo de identidad, los que Carabineros realizó durante 2017 y 2018 de manera ilegal, llegando a 70.317 controles preventivos a niños y menores de edad, con nulo resultado.

Los datos fueron obtenidos por la UDP y en ellos se revelan que en 12 meses (entre 2017 y 2018) la policía sí controló a adolescentes, pese a que la ley lo prohíbe. 

El estudio a cargo de los académicos Mauricio Duce y Ricardo Lillo, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), tardó un año en conseguir que Carabineros respondiera una solicitud de Transparencia, mediante la cual pedían cifras desagregadas sobre el control preventivo de identidad. Debido a una primera negativa por parte de la institución, los profesionales iniciaron un largo juicio, que culminó con un fallo de la Corte Suprema que obligó a la entrega de las cifras.

Una primera versión del análisis realizado por ambos profesores, da cuenta de que durante doce meses -el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2017 y el primero de 2018-, Carabineros realizó 70.317 controles preventivos a mayores de 14 años y menores de 18. Estas revisiones se registraron pese a que la ley que estableció el control preventivo no incluye a menores de edad. De hecho, explícitamente establece que “en caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad”.

Lo que busca el gobierno es legalizar esta práctica ilegal al anunciarse que La Moneda pretendía ampliar las facultades del control de identidad preventivo. Luego, el propio Presidente Sebastián Piñera aseguró que la propuesta contempla que los adolescentes mayores de 14 años puedan ser objeto del procedimiento. El anuncio generó el rechazo de la oposición y varios reparos en el oficialismo.

Según el estudio, en las 70 mil revisiones a adolescentes realizadas, Carabineros detectó 1.686 órdenes de detención y se practicaron 1.691 aprehensiones a menores. Es decir, se obtuvieron resultados en algo más del 2% de los casos, muy lejano a las cifras queda a conocer el ejecutivo.

Para el académico Mauricio Duce, este hallazgo es relevante, pero advierte que debe ser analizado. Y adelantó que se abre la pregunta de si se está ante “un potencial problema de legalidad”.

El comandante Patricio Santos, jefe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, dijo, según La Tercera, que la cifra se debe a la siguiente situación: un uniformado “realiza un control a una persona, sin tener dudas respecto de su edad. Esa persona no tiene carnet de identidad, pero se corrobora ingresando su nombre en el sistema Simcard. En ese momento, el sistema arroja que se trata de un menor de edad”. Santos afirmó que, en esos casos, “se pone término de inmediato al procedimiento”, pero que como “el registro es automático, queda constancia que se registró a esa persona bajo esa modalidad”.

Claro que el tema es bastante más complejo, pues cuando el Simcard (base de datos de Carabineros que, mediante un dispositivo móvil, permite determinar la identidad de una persona) arroja que existe una orden de detención vigente. “En esa disyuntiva, lo que hace el carabinero en el procedimiento regular es comunicar esta situación por teléfono al fiscal y luego se actúa de acuerdo al mandato de la fiscalía”, dijo el oficial. 

El uniformado agregó que “en general, en estas situaciones, lo que se hace es cumplir con el mandato judicial, porque lo que impera a todas luces es el bien común” y que “posteriormente se verá en una audiencia de control de detención la legalidad del procedimiento”, que de por cierto es ilegal, pues el menor no fue detenido en fragrancia y a la policía no le estaba permitido controlarlo por ser menor de edad.

Consultado respecto de si esto podría considerarse una ilegalidad, Santos comentó que, “a lo mejor,q es un tecnicismo dentro de la dogmática jurídica. Sin embargo, el sentido común me dice que acá hay un mandato judicial detrás de esto que debe cumplirse, pero, en definitiva, quien va a discriminar si se efectúa la detención es el fiscal”. Santos concluyó que sería “absurdo” que ante esta detección “se dejara circulando a una persona con orden de detención vigente”.

De acuerdo a los policías, durante 2018 “se desarrollaron 4 millones 395 mil controles preventivos, y producto de ese control se detecta que hay 73.500 menores que fueron controlados”.

Patricia Muñoz, defensora de la Niñez, advirtió que pedirá profundizar esta información, pero que le parece una situación “grave, ya que esta constatación da cuenta de que Carabineros está haciendo uso de una facultad que no está prevista por la ley. Y, de acreditarse, solo refuerza la falta de capacidad técnica que tienen para ejecutar esta función”.

Los hallazgos de Duce y Lillo también dan cuenta del nivel de efectividad del control preventivo de identidad. Duce dijo que “hoy día estamos haciendo más controles que nunca”, y que los controles preventivos superaron a los investigativos.

Si en promedio antes se hacían dos millones de estos últimos controles, esa cifra se redujo a casi 400 mil.

“En general, ambos se tratan de estrategias muy poco rendidoras para combatir la delincuencia. Pero si proyectamos las tasas de eficiencia de los controles investigativos, podríamos hacer la misma cantidad de controles que se realizaban antes de la reforma, en 2016, para obtener los mismos resultados”, planteó Duce.

Según las estadísticas, el control investigativo es el doble de eficiente que el preventivo para lograr detenciones 

Duce finalizó diciendo que “si se aprueba la ley que está proponiendo el gobierno, en la práctica se acaba el control investigativo”.