Registros de Penitenciaría dan cuenta de que en los últimos 10 años se han otorgado 159 libertades por error a sujetos que debían estar en la cárcel.

Según los datos publicados por La Tercera, en ese periodo, la cifra más alta se alcanzó los años 2016 y 2018, cuando se contabilizaron 26 de este tipo de situaciones. En 2017 fueron 25 y de ahí en más los casos fueron más bien a la baja.

Además, 2023 es el año del lapso estudiado en que menos libertades por error se detectaron, registrándose seis episodios.

Consultada sobre el problema, la subdirectora operativa de la institución, María Angélica Aguirre, aseguró que “lamentablemente, las libertades mal otorgadas no son un fenómeno nuevo, ya sea por errores administrativos de los tribunales o negligencias inexcusables de nuestro personal”.

“En lo que va del año 2026 se han registrado tres casos de libertades concedidas erróneamente debido a negligencias o descuidos de parte de nuestro personal. Ante esta situación, la institución ha mantenido su compromiso con la mejora continua, reforzando la implementación de medidas, tanto preventivas como correctivas, para reducir al mínimo la ocurrencia de este tipo de eventos y fortalecer los mecanismos de control en la gestión de libertades", agregó.

De la misma forma, junto con insistir en que los casos han ido disminuyendo, la subdirectora operativa recalcó que los casos y falencias detectados "se han corregido conforme a los estándares de responsabilidad, exhaustividad y rigor que demanda nuestro trabajo. Por este motivo, hemos dado instrucciones precisas a todo el personal, en particular a quienes gestionan la libertad de personas bajo custodia institucional, para que mantengan un control riguroso, conforme al principio de doble control y al principio de responsabilidad".

El asunto de las excarcelaciones erróneas comenzó a ser un tema de discusión más frecuente tras la liberación del sicario del “rey de Meiggs”, Carlos Alberto Mejía Hernández, pues aun cuando en ese caso todavía se está indagando si hubo o no responsabilidad de la jueza Irene Rodríguez, evidenció claras falencias en los sistemas. En ese momento, el Ministerio de Justicia junto al Ministerio Público y el Poder Judicial crearon una mesa de trabajo y dispusieron el fortalecimiento de controles.

Producto de los casos de los últimos meses, adicionalmente se implementó un nuevo plan de acción, que incluyó la distribución de una circular donde se exige que para la liberación de un interno se realice un doble chequeo.

Eso supone, como se explica en el documento, que la libertad de una persona bajo custodia institucional no puede ser realizada por un solo funcionario. Se indica que es imprescindible que dos funcionarios realicen una revisión exhaustiva de la documentación e información que obra en los registros. “El cumplimiento de la doble revisión exhaustiva es obligatorio, inexcusable y no admite excepciones de ningún tipo”, se detalla.

Esta nueva fórmula, como destaca la subdirectora operativa, fue la que permitió impedir la liberación de un interno de la cárcel de Copiapó. “En esta ocasión, el personal encargado de la custodia verificó el portal del Poder Judicial y detectó una causa con observaciones provenientes del mismo tribunal. Se alertó sobre el error en dos oportunidades, logrando finalmente confirmar que la persona privada de libertad debía cumplir una condena pendiente de 301 días”, afirmó.

Con todo, Aguirre también hizo presente que, “junto con los procedimientos de control y las instrucciones específicas impartidas a nuestro personal, es esencial fortalecer la colaboración entre Gendarmería y los Tribunales de Justicia. Esta coordinación tiene por objeto optimizar las medidas de seguridad y garantizar que se tomen todos los resguardos necesarios para evitar la repetición de casos de libertades mal otorgadas, ya sea por negligencia o por errores administrativos".