Durante la última década, el debate público chileno ha tendido a presentar crecimiento económico y reducción de la desigualdad como objetivos en tensión. Unos sostienen que la prioridad consiste en aumentar la inversión y la productividad; otros enfatizan la necesidad de disminuir las brechas económicas y las posiciones de privilegio. Sin embargo, existe un ámbito en el que ambos objetivos convergen de manera notable. Se trata de la promoción de mercados genuinamente competitivos.

La competencia suele ser defendida por sus efectos sobre la eficiencia económica, lo que resulta comprensible. Cuando las empresas enfrentan rivales capaces de disputar los mercados en que participan, deben innovar, invertir, incorporar nuevas tecnologías y utilizar mejor los recursos disponibles. La productividad aumenta porque las firmas más eficientes crecen y las menos eficientes deben adaptarse o ceder espacio. La competencia disciplina, estimula y moderniza.

Su importancia, sin embargo, va mucho más allá de la eficiencia. Los mercados competitivos cumplen también una función distributiva y política fundamental.

Una parte de la desigualdad que observamos en cualquier sociedad es consecuencia de diferencias de talento, innovación, esfuerzo o capacidad emprendedora. Esa desigualdad en los resultados puede ser discutida, pero al menos en parte proviene de procesos de creación de valor. Muy distinta es la desigualdad que surge cuando ciertos actores obtienen beneficios extraordinarios gracias a barreras de entrada, regulaciones favorables, privilegios legales, concesiones protegidas o influencia indebida sobre las decisiones públicas. En ese caso, la desigualdad no resulta de la productividad sino del poder.

Esta distinción es especialmente relevante para Chile. Generalmente hemos discutido la desigualdad principalmente desde la perspectiva redistributiva. Sin embargo, solemos prestar menos atención a una pregunta previa. ¿Cuánta de nuestra desigualdad se origina en mercados insuficientemente competitivos y en beneficios protegidos por barreras regulatorias o posiciones dominantes?

Los ejemplos abundan. Los casos de colusión en las farmacias, en el mercado de los pollos y en el papel tissue mostraron que la falta de competencia puede traducirse directamente en transferencias de ingresos desde millones de consumidores hacia un pequeño grupo de empresas. Los usuarios pagan más, la economía pierde eficiencia y la confianza en las instituciones se deteriora.

Existen además fenómenos menos visibles, pero igual de importantes. El sistema de notarías y conservadores ha sido criticado durante años por las restricciones de entrada que limitan la competencia. En diversos sectores de la economía persisten barreras que dificultan el ingreso de nuevos actores o favorecen posiciones ya establecidas.

Como es evidente, no toda renta económica es ilegítima. Chile posee recursos naturales excepcionales y es normal que existan rentas asociadas a ventajas geológicas, geográficas o tecnológicas. El problema surge cuando esos beneficios extraordinarios dejan de reflejar ventajas productivas y comienzan a depender de privilegios regulatorios, protección política o barreras artificiales a la competencia.

Es precisamente aquí donde el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Productividad durante la última década adquiere especial relevancia. Aunque gran parte de la atención pública se ha concentrado en sus propuestas para reducir la permisología, una revisión más amplia de sus informes revela una preocupación persistente por reducir barreras de entrada, limitar ventajas regulatorias de los incumbentes y abrir espacios para nuevos competidores. Sus propuestas abarcan desde la mejora regulatoria y la evaluación de impacto normativo hasta la modernización de las compras públicas, la digitalización de procesos, la innovación financiera y la reducción de costos administrativos que afectan especialmente a emprendimientos y empresas emergentes.

Detrás de estas recomendaciones existe una idea sencilla pero poderosa. Una regulación mal diseñada no solo puede reducir la productividad. También puede transformarse en un mecanismo de protección para quienes ya ocupan posiciones dominantes.

Todo lo anterior conecta con una preocupación creciente en la literatura económica contemporánea. Economistas tan distintos como Daron Acemoglu, James Robinson, Joseph Stiglitz y Mancur Olson han advertido que las economías modernas enfrentan riesgos crecientes de captura por grupos con capacidad para influir sobre las reglas del juego. En esa misma dirección apunta el análisis de Luigi Zingales, publicado a fines de 2024 en la Revista Estudios de Economía de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde examina los mecanismos de búsqueda de rentas en la economía chilena y sus consecuencias sobre la competencia y la eficiencia económica. Conviene leerlo.

Desde esta perspectiva, la competencia cumple una función que trasciende la asignación eficiente de recursos. También contribuye a dispersar el poder económico. Del mismo modo que la separación de poderes busca impedir la concentración del poder político, los mercados competitivos limitan la acumulación excesiva de poder económico y reducen la capacidad de ciertos actores para influir sobre las reglas en beneficio propio.

Sin embargo, el problema no termina en la eficiencia económica ni en la distribución del ingreso. Existe una dimensión adicional que suele recibir menos atención y que resulta fundamental para comprender la importancia de la competencia en una sociedad libre. Se trata de su relación con la calidad de la democracia y con la posibilidad de preservar una razonable igualdad política entre los ciudadanos.

No es una inquietud nueva ni menor. Robert Dahl la advirtió a lo largo de toda su obra, desde Análisis Político Moderno hasta sus trabajos de madurez. Es en La Democracia, publicada en 1998 y disponible en español en Ariel, donde formula con mayor nitidez que el capitalismo de mercado genera inevitablemente desigualdades en la distribución de los recursos políticos y que, debido a ellas, algunos ciudadanos obtienen una influencia significativamente mayor que otros sobre las decisiones del gobierno. Ello perjudica el principio de consideración igualitaria de los intereses que constituye una condición indispensable de toda democracia genuina.

Charles E. Lindblom, colaborador intelectual de Dahl y coautor con él de obras tempranas, desarrolló este argumento con singular persistencia a lo largo de toda su trayectoria. En Policy and Markets, publicado en 1977, mostró que en las economías de mercado los grandes actores empresariales gozan de una posición privilegiada que les otorga una influencia sobre las decisiones públicas cualitativamente distinta a la de cualquier otro actor social, con independencia de los resultados electorales. Veinticinco años después, en El Sistema de Mercado, publicado por Alianza Editorial en 2002, reafirmó esa tesis al examinar cómo las élites de mercado acumulan una capacidad de presión sobre las políticas públicas que ningún mecanismo electoral logra compensar por sí solo.

La conclusión que se desprende de ambos autores es incómoda pero difícil de ignorar. En las economías capitalistas se requieren mercados suficientemente competitivos para evitar que la desigualdad económica se transforme progresivamente en desigualdad política. Cuando ello ocurre, la democracia corre el riesgo de degradarse hasta convertirse en una estructura predominantemente procedimental, desprovista de la mínima sustancia igualitaria que le da legitimidad.

Existe además otro efecto corrosivo sobre la calidad democrática. Cuando los beneficios económicos dependen crecientemente de decisiones regulatorias, concesiones, autorizaciones o privilegios legales, los incentivos para influir sobre la política aumentan inevitablemente. La búsqueda de rentas deriva en búsqueda de influencia, y esta termina debilitando la confianza ciudadana en la imparcialidad de las instituciones.

Probablemente nada resultó más dañino para el sistema político heredado de la transición que los escándalos de financiamiento ilegal de la política de hace una década. Esos episodios deterioraron severamente la credibilidad de los partidos tradicionales y contribuyeron a la posterior fragmentación del sistema político. Afortunadamente, hasta ahora ese proceso se ha canalizado a través de la competencia entre partidos y movimientos dentro de la democracia y no mediante soluciones autoritarias o populistas.

Por todo ello, una agenda de competencia trasciende ampliamente lo económico. Es también una agenda de igualdad de oportunidades, de dispersión del poder y de fortalecimiento democrático. Las fuerzas políticas con auténtica vocación reformadora deberían asumir este desafío con mucha mayor decisión. Durante años han discutido sobre impuestos, gasto público y programas sociales, dedicando menos energía a identificar y remover privilegios económicos, barreras de entrada y mecanismos de captura de rentas, precisamente aquellos que alimentan tanto la desigualdad como la corrupción de la política.

Una política moderna de competencia debería transformarse en una prioridad nacional. No solo porque permite elevar el PIB potencial mediante mayores ganancias de productividad, sino también porque contribuye a reducir las desigualdades asociadas a privilegios y rentas protegidas y, de manera igualmente importante, porque disminuye los riesgos de captura y cooptación de las instituciones por parte de grupos económicos con poder de mercado.

En tiempos en que el debate público suele enfrentar crecimiento y equidad como si fueran objetivos incompatibles, conviene recordar que la competencia bien entendida contribuye a ambos. Aumenta la productividad, reduce los privilegios y limita la concentración del poder económico que puede terminar erosionando la igualdad política. Pocas políticas públicas reúnen simultáneamente esos tres atributos. Por eso una agenda moderna de competencia no es solamente una agenda económica. Es también una agenda de democratización del poder. Del mismo modo que las instituciones republicanas buscan impedir la concentración del poder político, los mercados competitivos ayudan a impedir la concentración excesiva del poder económico. Chile necesita avanzar en ambas tareas simultáneamente, y el debate legislativo y político abierto en torno a la agenda Quiroz ofrece una oportunidad propicia para hacerlo.