Investigación sustanciada por fiscal Víctor Manuel Vidal se inició por querella criminal interpuesta por empresa de transporte de pasajeros, Transanber, despojada de una valiosa propiedad en beneficio de la empresa COPEC.

 

Empresa Transanber fue la que cuestionó la última licitación del Transantiago de la Presidenta Bachelet,  impidiendo su realización.

 

El fiscal Víctor Manuel Vidal Moya, de la Fiscalía Centro Norte, investiga a la receptora judicial Sonia Menard Atria y al síndico de quiebras Enrique Ortíz D’Amico, por efecto de una querella criminal deducida en contra de ambos por la empresa de transportes Transanber S.A., por los delitos de cohecho y estafa, debido a que la despojaron delictuosamente de una millonaria propiedad en beneficio de la compañía Copec S.A.

 

El líbelo acusatorio se dedujo también en contra del abogado Ramiro Méndez Urrutia y el gerente de Copec, Arturo Natho Gamboa. Según el abogado querellante, Gonzalo Ferrada Molina, las cuatro personas actuaron “en asociación ilícita para cometer delitos de cohecho y estafa”, previsto y sancionado en el artículo 292 del Código Penal.

Consultado el fiscal Víctor Manuel Vidal, informó que había despachado una orden amplia de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Bridec.

 

Los hechos materia de investigación policial se remontan a marzo de 2012, cuando Copec S.A. presentó demanda ejecutiva ante el 18° Juzgado Civil de Santiago, en contra de la empresa de transportes Buses Gran Santiago en quiebra -operadora del Transantiago entre 2005 y 2009-, solicitando el traspaso de una millonaria propiedad como pago de los créditos por combustible adeudados por un monto de $1.104 millones.

 

Transanber apeló a la Corte de Apelaciones de San Miguel y este tribunal acogió su pedido de rechazo de la demanda ejecutiva, por cuanto es dueña de la propiedad desde el 2010 y Copec no puede desposeerla del bien raíz, “porque el título aparejado a la ejecución carece de fuerza ejecutiva, al no participar de la naturaleza jurídica de una sentencia interlocutoria”, dice el acápite 4° del fallo de la Corte.

 

Sin embargo, siete días después -expone textualmente la querella-, el Síndico Titular de la Quiebra de Buses Gran Santiago, Enrique Ortíz D’Amico, a solicitud de los abogados de Copec proceden a suscribir una escritura pública de reconocimiento de deuda ante el notario suplente Néstor Riquelme Contreras, cuyo título tercero dice: “En consecuencia, y en representación de la fallida, reconozco que ésta le adeuda a Compañía de Petróleos de Chile, Copec S. A. la suma de mil ciento cuatro millones setecientos ochenta y siete mil ciento cincuenta y  nueve pesos, al dieciséis de agosto de dos mil trece, más los reajustes a intereses que en derecho procedan”.

 

Con este “documento apócrifo”, los acusados consiguieron que la receptora judicial Sonia Menard Atria procediera a notificar a la empresa Transanber por cédula, dejada en su domicilio en poder de persona adulta de  nombre Felipe Rojas. Pero la trampa fue que lo ocultó, dice la querella criminal, “demorándose 14 días en subir el estampado al sistema” informático de tramitación del Poder Judicial, en diciembre de 2016,  con el propósito que Transanber ignorara lo ocurrido y tampoco  pudiese interponer medidas legales.