Por Alfredo Peña R.

Hay errores comunicacionales.
Hay diferencias políticas.
Y luego están las declaraciones que simplemente dinamitan al propio gobierno desde dentro.

Lo ocurrido con el recién designado presidente de Polla Chilena de Beneficencia no es un simple exabrupto corporativo. Es algo bastante más grave: una autoridad nombrada por el propio Ejecutivo salió públicamente a desautorizar de facto la estrategia regulatoria y de recaudación impulsada por el Ministerio de Hacienda respecto de las plataformas de apuestas online. No lleva ni 15 días en el cargo y sale a decir que la ley que está negociando el Gobierno en el Parlamento es mala...

Y eso, políticamente, tiene muy mal augurio.

Porque cuando comienza a transformarse en deporte nacional del oficialismo pegarle al ministro de Hacienda —precisamente el ministro encargado de dar estabilidad, señales económicas y conducción regulatoria— normalmente significa que el gobierno empieza a perder cohesión interna, conducción y disciplina política.

No es casualidad que las grandes crisis de gobierno muchas veces comiencen así: autoridades subordinadas hablando para la galería, instalando posiciones maximalistas, tensionando públicamente a sus propios ministros y haciendo imposible construir acuerdos regulatorios serios.

Más aún cuando quien habla no es precisamente un actor neutral.

Resulta difícil no advertir cierta ironía en que el presidente de una empresa estatal de juegos de azar pretenda hoy presentarse como una especie de guardián moral frente a la “ilegalidad” del juego online.
Francamente, eso no lo cree nadie.

Polla, al igual que toda la industria tradicional del juego, compite por mercado, clientes y recaudación. Y tiene pleno derecho a defender sus intereses. Lo que no corresponde es disfrazar esa defensa corporativa bajo un discurso casi inquisitorial contra toda forma de competencia digital.

Porque aquí hay un dato incómodo que algunos parecen olvidar: si hoy millones de chilenos juegan en plataformas online no es porque exista una conspiración internacional contra Polla o los casinos físicos. Es porque el Estado chileno llegó tarde, reguló tarde y entendió tarde la transformación digital del mercado.

Y mientras el mundo avanzaba hacia esquemas de regulación, tributación y licenciamiento, en Chile algunos todavía creen que la solución consiste en cerrar internet por decreto. En América Latina existen en casi todos los países, apuestas en línea absolutamente reguladas y con una gran recaudación fiscal para esos Gobiernos. En Europa ni qué decir. En Asia, Africa existen juegos en línea con modernas regulaciones.

En Chile, llevamos cerca de 10 años intentando sacar una ley y en los últimos meses, se ha llegado a acuerdos con todas las tiendas políticas, de todos los sectores representados en el Parlamento para regular el juego en línea, a pesar de la Polla Chilena de Beneficiencia...

La tesis planteada por el recién asumido presidente de la empresa Polla Chilena no sólo es impracticable. Es económicamente absurda.

Su propuesta, en los hechos, deja al país exactamente en el peor escenario posible: sin regulación efectiva;
sin recaudación tributaria; sin protección al consumidor; sin control financiero; y con cientos de millones de dólares saliendo del país cada año.
Exactamente lo contrario de lo que debiera hacer un Estado moderno.

Porque las plataformas no desaparecerán por declaraciones altisonantes ni por conferencias de prensa.
Simplemente seguirán operando desde el extranjero, sin domicilio en Chile, sin pagar impuestos en Chile y sin someterse a ninguna fiscalización chilena.

Es decir: el Estado renuncia simultáneamente a recaudar, regular y controlar.

Brillante estrategia.

Lo más sorprendente es que estas declaraciones ocurren precisamente cuando el propio Ministerio de Hacienda intenta empujar —con enormes dificultades políticas— una regulación que al menos permita capturar parte de la actividad económica, establecer exigencias de cumplimiento y formalizar una industria que ya existe de facto. Y que va a seguir existiendo.

Porque aquí conviene sincerar algo: el debate real ya no es si el juego online existe. Existe. Y masivamente.

El verdadero debate es si Chile quiere seguir actuando como si no existiera mientras el dinero sale al extranjero sin tributar un peso, o si finalmente asumirá una regulación seria, moderna y fiscalizable.

Y en esa discusión, lo último que necesita el gobierno es fuego amigo proveniente desde sus propias empresas públicas.

Sobre todo cuando ese fuego amigo termina defendiendo una posición tan extrema que ni siquiera protege al Estado que supuestamente busca defender y obviamente recaudar.

Porque la paradoja final es brutal:
en nombre de combatir a las plataformas “ilegales”, se termina defendiendo exactamente el modelo que más favorece su permanencia fuera de toda regulación chilena.

Y justamente por eso resulta urgente que el Gobierno ordene su actuar y sus vocerías.

Porque en momentos de desaceleración económica, déficit fiscal, fragmentación política y creciente desconfianza ciudadana, probablemente no existe peor señal que el desgobierno.

Un país puede soportar debates intensos, diferencias regulatorias e incluso errores de política pública.
Lo que difícilmente soporta es la sensación de que cada autoridad habla por sí misma, sin conducción política común y sin claridad respecto del rumbo del Estado.

Cuando un gobierno pierde orden interno, pierde credibilidad externa.
Y cuando pierde credibilidad externa, pierde inversión, estabilidad y capacidad de conducción.

Por eso el problema ya no es sólo el juego online. El problema empieza a ser la imagen de un gobierno donde algunos parecieran estar más preocupados de disputar espacios de poder o proteger mercados propios, que de sostener una estrategia coherente para el país.