El Juzgado de Letras de San Bernardo decretó la orden de arresto contra el alcalde de San Bernardo Christopher White (PS) en su calidad de representante legal del municipio.

La medida de apremio se enmarca en un juicio laboral por el pago de unos $108 millones que demandan cinco funcionarios que trabajaron como guardias al servicio del municipio.

El tribunal dictó una resolución que dispone el arresto "por un periodo de tres días, como medida de apremio al alcalde en calidad de representante legal de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo".

Así como esta causa, hay al menos otras 27 demandas laborales que involucran a un centenar de funcionarios que reclaman el pago de $3mil millones en total.

La Contraloría ya había dado cuenta que durante la actual administración hay observaciones por concepto de deudas previsionales y por déficit que presentan las arcas municipales, con diferencias de millones de pesos en ingresos y egresos de la Corporación de Educación.

Además detectó un déficit de $3mil millones por compromisos pactados con organizaciones sindicales y la utilización de la Subvención Escolar Preferencial para una actividad con dinosaurios mecánicos animados.

Ante esto, el alcalde White se defendió. "El año 2022, la ilustre Municipalidad de San Bernardo puso término anticipado al contrato que tenía con la empresa MIVA, que prestaba servicios de seguridad, específicamente guardias, por un incumplimiento con sus obligaciones laborales. En la oportunidad, el municipio se hizo cargo del pago de sueldos e imposiciones de los trabajadores, mientras se contrataba una nueva empresa para ejercer este servicio. Luego de esto, los trabajadores han presentado demandas en los tribunales, por deudas en sus imposiciones que no han sido pagadas por la empresa, siendo demandada la ilustre Municipalidad como deudor solidario".

Agregó que "en la medida que las demandas y sus sentencias han sido notificadas, se han pagado oportunamente cada una de ellas. Aún no siendo notificado formalmente, ya instruí la elaboración del decreto con el número 2916 que mandata el pago que establece el Tribunal. Además, instruiré un sumario administrativo para buscar eventuales responsabilidades administrativas. Para este alcalde es relevante cumplir con las obligaciones legales laborales para el resguardo de los derechos de las y los trabajadores".