El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó veredicto condenatorio contra 28 acusados por delitos de malversación de caudales públicos, uso malicioso de instrumento público falso, sustracción de caudales públicos, hurto y lavado de activos en Carabineros por un monto superior a los 28 mil millones de pesos, uno de los más cuantiosos de la historia penal de Chile.

El desvío de dineros fiscales operó durante años mediante un engranaje sistemático que extraía fondos directamente desde la Dirección de Finanzas de la policía uniformada. Esta indagatoria, que salió a la luz pública en 2017, determinó que la red estaba encabezada por el general (R) Flavio Echeverría, en la foto, y contaba con la participación coordinada de civiles, así como de funcionarios tanto en retiro como en servicio activo.

A través de un fallo unánime, la justicia determinó la culpabilidad de Echeverría y de una extensa lista de implicados en calidad de autores del delito reiterado de malversación de caudales públicos. La nómina de condenados por este cargo incluye a Pedro Valenzuela San Martín, Robinson Carvajal Leiva, Héctor Nail Bravo, Carlos Cárcamo Bravo, Patricio Miranda Rojas, Patricio Rojas Soto, Carlos Rojas Muñoz, Juan Maldonado Gutiérrez, Randy Maldonado Gutiérrez, Fernando Pérez Barría, Pamela Castillo Herrera, Jaime Paz Meneses, José Inapaimilla Vergara, Luis Vilches Morales, Sergio Bracamonte Villalobos, Francisco Estrada Castro, Arnoldo Rivero Gerdes, Nelson Valenzuela Aravena, Diego Valdés Bustamante y Eduardo Pardo Muñoz. En paralelo, el tribunal sentenció al acusado Inapaimilla Vergara como autor del ilícito de uso malicioso de instrumento público falso.

Respecto a la sustracción de caudales públicos, los magistrados resolvieron condenar como autores a Francisco Reyes Momberg, Renato Sarabia Lagreze, Felipe Avila Pérez y David Vega Carmona. Según el dictamen, estos individuos actuaron de manera concertada para concretar el ilícito, proporcionando los medios necesarios y facilitando activamente la extracción de los recursos estatales.

Por otra parte, la resolución judicial estableció la responsabilidad de María Virginia Rojas Torres, Boris Valenzuela Calderón y Fernando Bustos Ríos. Todos ellos fueron sentenciados como autores del delito de hurto en carácter de reiterado.

En cuanto al delito de lavado de activos, los sentenciadores dictaron condena en calidad de autores contra una veintena de involucrados. Este grupo está conformado por Flavio Echeverría Cortez, Pedro Valenzuela San Martín, Robinson Carvajal Leiva, Héctor Nail Bravo, Carlos Cárcamo Bravo, Carlos Rojas Muñoz, Juan Maldonado Gutiérrez, Randy Maldonado Gutiérrez, Fernando Pérez Barría, Jaime Paz Meneses, José Inapaimilla Vergara, Luis Vilches Morales, Sergio Bracamonte Villalobos, Francisco Estrada Castro, Arnoldo Rivero Gerdes, Nelson Valenzuela Aravena, Diego Valdés Bustamante, Eduardo Pardo Muñoz, David Vega Carmona, Felipe Avila Pérez, Renato Sarabia Lagreze y Francisco Reyes Momberg.

La convicción del tribunal se sustentó en que los acusados actuaron en total colusión, sacando provecho de la información privilegiada, sus conocimientos específicos y las distintas posiciones que ocupaban. Abusando de sus roles de administración y custodia dentro de la Dirección de Finanzas y otras unidades de Carabineros de Chile, se concertaron con terceros particulares, personal CPR y funcionarios públicos tanto activos como en retiro. De esta forma, extrajeron o permitieron la sustracción de fondos fiscales que, hasta la fecha, totalizan exactamente $28.348.928.198.

El modus operandi incluyó la falsificación ideológica y material de documentos vinculados al descuento del 5% de retiro y a las resoluciones de desahucio. Mediante esta vía, lograron incorporar como beneficiarios a civiles imputados que carecían de cualquier tipo de nexo con la institución policial. Para materializar el desfalco, los involucrados adulteraron múltiples resoluciones del Departamento de Pensiones que otorgaban indemnizaciones y pensiones de retiro. Estos documentos apócrifos fueron utilizados para justificar contablemente las transferencias de dinero, simulando el pago de supuestas indemnizaciones que se cargaban directamente a la cuenta corriente del fondo de desahucio.

Como etapa final de la operación, los condenados procedieron a disimular u ocultar los bienes y el origen ilícito de los recursos. Esto lo hicieron teniendo pleno conocimiento de que dichos dineros provenían, de forma directa o indirecta, de los actos antijurídicos y típicos sancionados en el artículo 27 de la Ley 19.913.

Tras darse a conocer este veredicto, se fijó que la audiencia donde se comunicará la sentencia definitiva se llevará a cabo el jueves 11 de febrero de 2027, a las 11.00 horas.

Una vez concluida la lectura de la resolución, el fiscal Eugenio Campos valoró las proporciones históricas de este proceso judicial. En sus declaraciones, el persecutor subrayó que “nunca se había dado en la historia de la reforma procesal penal tener el número de acusados, el número de condenados, como también el número también, o el montón definitivo de una cifra que casi cuesta pronunciar respecto al punto de vista de lo sustraído”.