Un grupo de efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI irrumpió este martes en la municipalidad de Santiago frente a la Plaza de Armas en el kilómetro cero.

El objetivo de los policías era lograr la entrega voluntaria de algunas especies tecnológicas de la alcaldesa Irací Hassler (PC) y de estrechos colaboradores que fueron clave en el fallido proceso de compra de la ex Clínica Sierra Bella, adquisición que quedó trunca tras un lapidario informe de Contraloría que estableció el pago de un “precio injustificado” y que hoy tiene a la jefa municipalidad en calidad de imputada en una investigación que dirige el fiscal Centro Norte Patricio Cooper.

Desde la municipalidad dieron cuenta que personal policial pidió entrevistarse con Hassler, quien estuvo acompañada de su defensor. Ahí accedió a la entrega de su notebook. Asimismo, el otrora jefe jurídico, Jean Pierre Chiffelle, (PC) también estuvo presente en la pesquisa y -de igual forma- visó el decomiso de su computador, según consigna La Tercera.

Una situación similar ocurrió con la directora de Salud, Beatriz Chamorro, y el exjefe de Secplac, Luis Mayorga, quien fue desvinculado tras conocerse el informe de Contraloría que objetó en duros términos la millonaria compra por más de 8 mil millones del inmueble. Este último fue el único que accedió a la entrega de su celular institucional, ya que la alcaldesa y el resto de los funcionarios negaron tener teléfonos institucionales y, por lo mismo, no autorizaron que la PDI se llevara sus actuales móviles.

Hassler, además, permitió que la PDI extraiga la base de datos de todos sus correos electrónicos. Con esto se buscaría analizar todas las comunicaciones entre quienes estuvieron tras la fallida compra del inmueble que -según estableció Contraloría- se iba a adquirir por cuatro veces su precio en el marcado, faltando al debido uso de los recursos públicos que se les exige a las autoridades. La auditoría determinó que la jefa comunal desistiera de su proyecto estrella de “clínica municipal”, anunciara querellas contra los tasadores y pidiera la renuncia de Chiffelle y Mayorga.

Todas las incautaciones fueron de forma voluntaria, es decir que la PDI no llegó con orden de un tribunal.

Reservadas diligencias

El fiscal Cooper recibió el jueves pasado el informe de Contraloría en que en 32 carillas se desmenuzaban inconsistencias que llevaron a objetar la compra. El Ministerio Público y el CDE estaban en la lista de destinatarios de la auditoría, por lo que el trabajo realizado por los fiscalizadores es un insumo más para la indagatoria penal que se tramita ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Una de las reservadas diligencias que ya se han llevado a cabo es la incautación del vale vista por $ 2.465.862.002 que el Municipio de Santiago ya había emitido a favor de los vendedores de Sierra Bella, la inmobiliaria San Valentino y que permanecía en una notaría capitalina. Esto fue solicitado por el abogado querellante Sergio Rodríguez Oro, quien representa a los diputados republicanos Juan Irarrázaval y Johanes Kaiser. Este pago correspondía al 30% del precio pactado y ante la negativa del ministro de fe a hacer entrega voluntaria, el fiscal Cooper acudió ante la justicia quien despachó una orden de entrada y registro, para incautar el documento, indica La Tercera.

La PDI esta jornada junto con extraer los correos de Hassler, lo hizo también con respecto a los otros funcionarios contra quienes se dirige -hasta el momento- la indagatoria. Fue así como se ingresó a las bases de e-mail de Chamorro, Mayorga y Chiffelle, además de la secretaria de este último, Marisol Veit, quien envió el borrador de la escritura pública a la notaría.