Los anuncios casi en paralelo emitidos por las bancadas del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano para levantar una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, abrieron una inmediata grieta estratégica en los sectores de oposición. La ofensiva de la derecha más dura —gatillada luego de que el actual ministro Jorge Quiroz destapara que el gobierno anterior omitió deuda pública por US$ 10.500 millones en sus balances— fue recibida con extrema cautela y distancia por las directivas de la UDI y Renovación Nacional (RN).

La encargada de fijar una postura institucional y política frente al libelo acusatorio fue la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

La líder de la Cámara Alta desmarcó el rumbo del Congreso de los afanes punitivos de las facciones extremas, advirtiendo que abrir un juicio político contra las exautoridades de la administración anterior torpedea directamente las confianzas necesarias para destrabar la megarreforma económica del Ejecutivo.

A través de una declaración pública, la timonel de Renovación Nacional reconoció que cada parlamentario y partido es soberano y responsable de sus actuaciones dentro del hemiciclo, validando que las herramientas de fiscalización parlamentaria son completamente legítimas. No obstante, Núñez enfatizó que el actual escenario macroeconómico de la nación exige deponer las trincheras en pos de la estabilidad institucional.

“Cada diputado, diputada y partido político es responsable de sus actuaciones, especialmente cuando se trata del uso de herramientas de fiscalización que, por cierto, son legítimas y pueden ejercerse en cualquier momento. Dicho eso, si a mí me preguntan, creo que si vamos a abrir un espacio de diálogo para construir una buena ley para Chile, ese diálogo debe abrirse en todos los frentes. Yo creo que hoy es momento de diálogo, de conversar, debatir y entender que este proyecto tiene una tramitación clave para el crecimiento del país”, argumentó la presidenta del Senado.

En ese sentido, la parlamentaria propuso un diseño de tregua temporal, sugiriendo formalmente reservar las iniciativas de fiscalización para después de que concluya la tramitación del proyecto estrella del Ejecutivo, una vez que el país cuente con una ley aprobada y despachada por el Congreso Pleno.

Hacia el término de su intervención, la presidenta del Senado endureció el tono hacia las bancadas de su propio sector, exigiéndoles madurez cívica y un mínimo de orden programático ante la ciudadanía. “En definitiva, si queremos construir un acuerdo serio, necesitamos coherencia política: no se puede llamar al diálogo por un lado y tensionar ese mismo espacio por el otro”, sentenció Núñez, sepultando de momento el piso político para que la UDI y RN concurran con sus votos a la caída jurídica del exministro Grau, según consina ADN radio.