En tiempos de polarización y desconfianza, el debate tributario chileno ha dejado de ser únicamente una discusión técnica sobre tasas, incentivos o recaudación. Lo que realmente está en juego es una pregunta más profunda: ¿qué tipo de sociedad política queremos construir?

El denominado proyecto de “Reconstrucción Nacional” ha sido defendido como una herramienta destinada a reactivar la inversión, entregar estabilidad económica y acelerar el crecimiento. Entre sus medidas destacan rebajas tributarias corporativas, mecanismos de reintegración y, especialmente, la creación de un régimen de invariabilidad tributaria por extensos períodos para grandes inversiones.

Sin embargo, más allá de las legítimas diferencias políticas o económicas, el debate exige algo que hoy parece escasear: prudencia, diálogo y ponderación.

Resulta útil recordar a dos grandes pensadores del humanismo cristiano: Tomás Moro y Erasmo de Rotterdam. Ambos vivieron épocas de crisis, fractura política y transformación económica. Ambos comprendieron que las sociedades se destruyen cuando los extremos reemplazan a la razón y cuando el dinero termina subordinando completamente la política y el derecho.

Tomás Moro, en su célebre Utopía, advertía sobre los peligros de una sociedad donde la acumulación de riqueza termina erosionando la igualdad y debilitando el sentido del bien común. Su crítica no estaba dirigida contra la propiedad o el comercio en sí mismos, sino contra la formación de privilegios estructurales que fragmentan a la comunidad política y generan una percepción de injusticia permanente.

Erasmo, por su parte, defendía la moderación y el equilibrio. Rechazaba tanto el fanatismo religioso como los excesos del poder político y económico. Para él, una civilización sana requería racionalidad, educación, virtud pública y capacidad de diálogo.

El gran peligro aparecía cuando las sociedades comenzaban a absolutizar posiciones y a convertir cualquier discrepancia en una guerra moral.

Ambas miradas parecen especialmente pertinentes hoy más que nunca en el país.

Quienes apoyan esta reforma sostienen, no sin fundamentos, que Chile necesita recuperar inversión, crecimiento, empleo y estabilidad institucional. Ignorar esa realidad sería irresponsable. Un país sin crecimiento económico tampoco puede sostener políticas sociales, infraestructura ni cohesión interna.

Pero quienes formulan críticas también plantean preguntas legítimas. ¿Puede un régimen de invariabilidad tributaria por décadas generar desigualdades jurídicas difíciles de justificar? ¿Existe riesgo de construir un sistema especialmente favorable para grandes capitales mientras la ciudadanía común continúa sometida a incertidumbre tributaria permanente? ¿Hasta qué punto la búsqueda de inversión puede limitar la futura
capacidad democrática del Estado para modificar políticas fiscales?

Estas preguntas no deben ser caricaturizadas ni respondidas mediante consignas ideológicas o eslogan políticos.

Tan dañino es el dogmatismo económico que supone que toda rebaja tributaria producirá automáticamente bienestar social, como el maximalismo político que demoniza toda inversión privada o todo incentivo al crecimiento. Chile necesita salir de esa lógica binaria.

La discusión tributaria requiere recuperar algo que el debate público parece haber perdido: la noción de bien común. El derecho tributario no es solamente una técnica de recaudación; es también una expresión ética y política de cómo una sociedad distribuyecargas, incentivos y responsabilidades.

Por eso, reformas de esta magnitud deben analizarse con especial cuidado, evaluando sus efectos reales; considerando la experiencia y los estándares internacionales; resguardando igualdad ante la ley y evitando tanto privilegios excesivos, como también, discursos de confrontación social que sólo provoquen daño a la armonía ciudadana.

La prudencia no es inmovilismo. Tampoco significa rechazar el crecimiento económico.

Prudencia significa comprender que las instituciones democráticas deben equilibrar inversión, justicia, estabilidad y cohesión social. Tomás Moro probablemente advertiría sobre el riesgo de construir sistemas donde el poder económico quede excesivamente protegido frente a la potestad futura de la comunidad política. Erasmo llamaría a evitar la polarización y el fanatismo que hoy dominan gran parte del debate público.

Ambos recordarían algo esencial: ninguna sociedad puede sostenerse únicamente sobre indicadores económicos si pierde sus fundamentos éticos, su sentido de justicia y su capacidad de diálogo racional.

En un momento donde el país necesita reconstrucción material, también requiere reconstrucción institucional y moral. Y ello exige abandonar los extremos para volver a la deliberación seria, prudente y responsable.