“Tenemos serias dudas de que este gobierno cumpla la legislación vigente, primero porque tiene funcionarios que han trabajado para este holding y porque hay una contradicción no resuelta, entre lo señalado por el titular de Educación y lo que el presidente Piñera expresa.

 

No es posible pensar en un acuerdo nacional con un ministro que protege a los que lucran.” (Mario Venegas, Vicepresidente de la Cámara e integrante de la comisión de Educación)

 

A raíz de los antecedentes dados a conocer sobre la investigación que encabezó el Ministerio de Educación en la Universidad Andrés Bello, de Las Américas y Viña del Mar, expreso lo siguiente:

1. Reitero mi rechazo a que el lucro siga siendo aceptado en Chile, a costa de recursos públicos y el endeudamiento de miles de familias. Laureate International Universities ha violado la ley y sus estatutos, ha mentido públicamente y las autoridades deben sancionar estas infracciones.

 

2. Observamos una fuerte contradicción en el gobierno; por un lado, el presidente Piñera afirma que no hay lucro y por otro, el ministro de Educación, Gonzalo Varela asegura que “no pondría penas de cárcel para la gente que gana plata”, es decir, defiende explícitamente el lucro. El país necesita que el titular de Educación sea defensor de la calidad.

 

3. Según la Comisión Ingresa en el año 2015, la Universidad Andrés Bello, De las Américas y Viña del Mar, solo por concepto de Crédito con Aval del Estado, recibieron $16 mil millones, permitiendo que 7.500 estudiantes pudieran cursar sus estudios superiores. Esto representa en promedio el 15% de los recursos que el Estado entregó por esta vía.

 

Según esos informes, estas universidades reportan al grupo Laureate, 400 millones de dólares al año, lo que equivale al financiamiento que se otorgó, en 2017, a la gratuidad, sin que Impuestos Internos, ni la Contraloría General de la República y, ahora, el gobierno, quieran terminar con este escándalo.

El informe que se ha conocido es categórico: “(…) la universidad se transforma en el medio o instrumento en virtud del cual los controladores obtienen sus ganancias”.

 

4. Las nuevas autoridades tienen la obligación legal de tomar las medidas administrativas que este informe recomienda. Sin embargo, es posible que ello no sea así, toda vez que el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, quien debe aplicar la ley ocupó, entre 2008 y 2010, en la U. Andrés Bello, los cargos de secretario académico y director de postgrados.

 

5. El Servicio de Impuestos Internos y la División de Educación Superior del Mineduc tienen, también, la obligación de hacer cumplir la legislación vigente. La exención tributaria se otorga cuando se trata de un servicio educacional y no un negocio, como ha quedado ampliamente demostrado en el modus operandi del grupo Laureate.

 

6. Así, tenemos serias dudas de que este gobierno cumpla la legislación vigente, primero porque tiene funcionarios que han trabajado para este holding y porque hay una contradicción no resuelta, entre lo señalado por el titular de Educación y lo que el presidente Piñera expresa.

No es posible pensar en un acuerdo nacional con un ministro que protege a los que lucran.

 

7. Por ello, extiendo una invitación a todos los estudiantes a dialogar, a interiorizarse de lo que pasa en sus universidades. Ellos son el objetivo de nuestra tarea de lograr que los recursos que ellos y sus familias invierten, con mucho esfuerzo, vayan a calidad y no al lucro de los controladores.