Foto: Tres de los presos violadores de derechos humanos presos en Punta Peuco: Mayor (R) Alvaro Corbalán, Brigadier (R) Miguel Krassnoff y General (R) Pedro Espinoza, todos exmiembros del Ejército

134 presos que cumplen condena en la cárcel de Punta Peuco por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar (1973-1990) presentaron un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego que Gendarmería ordenara retirar sus refrigeradores personales.

De acuerdo con la acción legal, la medida vulneraría los derechos fundamentales de los reclusos sentenciados por crímenes de lesa humanidad, ya que en sus refrigeradores almacenan insumos médicos y productos nutricionales especiales para adultos mayores, debido a que la mayoría padece enfermedades como diabetes e hipertensión.

El retiro de los electrodomésticos en cuestión fue comunicado el 19 de junio por el alcaide del penal, mayor Cristóbal Vargas, quien informó que por disposición de la Jefatura Nacional de Gendarmería solo podrá haber un refrigerador por cada cinco reos, según recoge Radio Bío Bío este lunes. 

¿Qué dice el recurso de amparo presentado por los presos de Punta Peuco?

El recurso fue interpuesto por la abogada Carla Fernández y en este se indica que "de acuerdo a la información recabada por los presos, la decisión se enmarca dentro del reciente anuncio del Presidente Boric durante la Cuenta Pública de convertir a Punta Peuco en una cárcel 'común'. Se requiere del espacio que actualmente ocupan estos refrigeradores y que permitiría albergar aproximadamente a 40 internos 'comunes' más, en modalidad de camarotes".

El hecho que Gendarmería de Chile señale que está obrando dentro de la esfera de sus atribuciones o por 'razones de seguridad' no significa por ello que su medida no sea lesiva de los derechos fundamentales de los internos que represento -especialmente, el derecho a la seguridad individual- y que por esta razón sea un acto arbitrario o ilegal que produzca daño y sufrimiento en la población penal, constituyendo un maltrato o tortura hacia estas personas que mancilla su dignidad", agrega el texto.

De acuerdo con la abogada, "mis representados están siendo tratados de manera contraria a derecho, lo que constituye un trato cruel e inhumano. En efecto, las condiciones descritas, constituyen un atentado flagrante a su dignidad".