La Fiscalía abrió un nuevo capítulo en la indagación a Democracia Viva, que dio paso al llamado caso convenios, luego que se conociera que el Ministerio Público solicitó liberar el secreto bancario de la diputada de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez.

Previo a esta acción judicial, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) vinculó por primera vez a la parlamentaria por el posible delito de tráfico de influencias en la investigación de traspasos de fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta a varias organizaciones, incluyendo la Fundación Democracia Viva.

Ahora, de acuerdo a lo recogido por La Tercera, el fiscal cargo de la investigación, Cristian Aguilar, pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta levantar el secreto bancario tanto de la diputada Pérez, como de Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante  de la organización indagada, y expareja de la congresista.

"La Fiscalía se encuentra investigando los posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco (…) que se habrían cometido el año 2022, con ocasión de la celebración de Convenios de Transferencia de Fondos, entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y las fundaciones Democracia Viva, Urbanismo Social, Procultura, Tomarte y Educación arte y Cultura Movimiento FIBRA, por sumas que oscilan entre los $400 y $577 millones, por cada una”, señala el documento presentado por el persecutor.

La solicitud del Ministerio Público a levantar el secreto bancario se basa en los “vínculos de amistad, sentimentales, de cierta dependencia y subordinación en algún momento y de pertenencia al partido político Revolución Democrática”, entre los posibles involucrados en este caso de corrupción, señala el medio citado.