Tras las declaraciones del presidente Kast, en las que señala que “no corresponde que una persona muera en la cárcel" y que las peticiones de indulto se revisarán “caso a caso” apelando a la facultad presidencial, el senador DC Iván Flores señaló que “por ningún motivo corresponde indultar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”.

Flores agregó que “a personas que persiguieron, torturaron, asesinaron, sabiendo exactamente el daño que estaban haciendo; lo que hicieron es tremendo. Por lo demás, sorprende este nuevo viraje del gobierno ya que durante la campaña dijeron que no habría indultos”.

Sobre la situación específica de Miguel Krassnoff, exagente de la DINA condenado a más de mil años de presidio, y quien enviara una carta al mismo senador Flores en el contexto del trámite del proyecto de conmutación de penas, señalando que mantiene su "certeza de una más que pronta libertad total", el senador DC señaló que “en esa carta no hay arrepentimiento alguno, por el contrario un negacionismo realmente preocupante”. 

Senador por la reforma de seguridad:“Aunque la poden, maquillen o cambien, no se justifica”

Flores advirtió hoy que no respaldará la reactivación de la reforma constitucional en materia de seguridad, luego de conocerse que algunos parlamentarios del oficialismo buscarían retomar su tramitación después de la semana de Fiestas Patrias, introduciendo modificaciones al texto original.

Para el parlamentario DC, el problema de la iniciativa no se resuelve acotando sus plazos, cambiando algunas de sus atribuciones o presentando una nueva redacción, “porque la creación de un mecanismo constitucional de esta naturaleza sigue siendo innecesaria, desproporcionada y riesgosa para la democracia”.

“Se ha dicho que después de Fiestas Patrias algunos senadores del oficialismo quieren insistir en la tramitación de esta reforma, pero modificándola. Mi opinión es clara: no importa cuánto quieran modificarla, esta reforma no se justifica”, afirmó Flores.

 El senador sostuvo que Chile ya cuenta con herramientas constitucionales, legales e institucionales para enfrentar situaciones graves de alteración del orden público y combatir con decisión al crimen organizado.

Por esa razón, señaló que no existe justificación para crear una nueva figura que entregue facultades extraordinarias al Presidente de la República y que pueda abrir la puerta a la suspensión de derechos y libertades fundamentales.