El anuncio del gobierno sobre la adquisición de las casas de los expresidentes Salvador Allende Gossens y Patricio Aylwin Azócar se transformó en una andanada de críticas hacia el rol de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), quien figura como la principal heredera del inmueble, por lo tanto, habría sido una de las beneficiarias de la cuantiosa compra de cerca de mil millones de pesos. Sin embargo, la transacción no se completó luego de los cuestionamientos a la probidad del procedimiento, ya que constitucionalmente está prohibido que los miembos del gabinete celebren contratos con el Estado.

Luego que el proyecto no resultara en lo que se refiere a la compra de la vivienda de Allende en calle Guardia Vieja en Providencia está en jaque la gestión del equipo de la cartera de Bienes Nacionales, dirigida por la ministra Marcela Sandoval (FA).

Por lo mismo, el senador socialista José Miguel Insulza apuntó a que “tendrá que haber responsables” de la fallida compra que calificó como “una gran chambonada”.

El legislador sostuvo que “se podría haber hecho de manera perfectamente normal a partir del 12 de marzo, cuando ya la senadora Allende no es senadora y la ministra Fernández no es ministra”, dijo a radio Pauta.

“Se cometen errores que no es necesario cometer. El gobierno comete errores insistentemente que tienen que ver con un tema de experiencia. Yo soy abogado, le podría haber preguntado, a cualquier abogado”, indicó.

La chambonada, explicó Insulza se da porque “se cometen muchos errores que no es necesario cometer”. Agregó que “es un tema de experiencia; yo soy abogado y cualquier abogado, no sé si la ministra de Bienes Nacionales lo tiene o lo es, le va a decir que  los  funcionarios públicos no pueden celebrar contratos con el Estado”.