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Senadora Fabiola Campillai que quedó ciega por disparo de carabineros y formalización de generales Yáñez, Rozas y Olate: "Acá tenemos a los verdaderos delincuentes"

En el evento de la formalización de los exaltos mandos de Carabineros, generales Ricardo Yáñez, Diego Olate y Mario Rozas, la senadora Fabiola Campillai llegó este martes al Centro de Justicia para exigir "justicia" y "condenas". 

La parlamentaria, quien asistió junto a organizaciones defensoras de derechos humanos y Amnistía Internacional, aseveró que los uniformados "son los verdaderos delincuentes", ya que "no frenaron" los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante el estallido social de 2019.

Campillai recibió una bomba lacrimógena lanzada por un capitán de carabineros a poca distancia en San Bernardo mientras esperaba locomoción para ir a su trabajo. En el lugar donde estaba Campillai, no se estaban produciendo desmanes, producto del estallido social. La bomba golpeó duramente en la cara de Campillai, fracturándole varias zonas de su rostro y la dejó ciega.

"Es un día muy importante para nosotros y para nuestro país. Hoy se habla de un estallido social delictual, se habla de nuestros compañeros como delincuentes. Luchadores sociales que lucharon por los derechos de todos nosotros, de todo un país. Aquí tenemos a los verderos delincuentes, los que dieron órdenes o los que simplemente no frenaron todas las violaciones a los derechos humanos", manifestó Campillai.

Durante su intervención, la senadora reconoció el "trabajo de la fiscal Chong y del fiscal Armendáriz", realizando un llamado a que "esperamos que los tribunales estén a la altura para que investiguen y condenen, porque sólo así las violaciones a los derechos humanos no van a quedar en la impunidad".

"Aquí hubo cuatro informes de organismos internacionales que hablaron de todas las lesiones oculares, las violaciones y las golpizas", zanjó. 

Los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, junto con el exsubdirector Diego Olate, serán formalizados por "omisión ante apremios ilegítimos", pues son acusados de tener "responsabilidad de mando" en las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por la institución durante el estallido social en 2019.