Mediante una carta abierta dirigida al Presidente Sebastián Piñera los sindicatos acusan a Pizarro de “incumplir con los estándares de probidad de conflictos de intereses requeridos por la Contraloría General de la República, dando lugar al inaudito caso que una empresa del Estado, con recursos públicos contrate a estudios jurídicos privados, para demandar a su propio dueño, el Fisco de Chile, representado por el Consejo de Defensa del Estado”.

Asimismo sostienen que el ejecutivo ha aplicado “un estilo de administración autoritario prepotente e impositivo que ha continuado con los accidentes fatales. Este estilo de gestión ha afectado la dignidad de los trabajadores y trabajadoras; ha desconocido deliberada y sistemáticamente el rol del movimiento sindical del cobre y ha transgredido los instrumentos colectivos de trabajo y el Pacto Estratégico por Chile”.
 
Según los trabajadores la administración encabezada por Pizarro, “se ha caracterizado por generar las peores relaciones laborales en la empresa en los últimos 25 años, al tiempo que han implementado políticas de Recursos Humanos que le han faltado el respeto a las personas tratándolas como meros recursos y números, desatendiendo sus legítimas necesidades y derechos, los que son abiertamente desconocidos o restringidos”.

Los sindicatos critican la gestión de los proyectos estructurales, señalando que se han generado sobrecostos en los proyectos de inversión con sus reformulaciones. “Estamos hablando de cifras que superan con creces los US$2.000 millones por los cambios sufridos en los proyectos Chuquicamata Subterránea y el Nuevo Nivel Mina El Teniente. Por otro lado, el Plan de Negocios y Desarrollo (PND), año a año en la gestión de Pizarro, se ha ido empeorando debido a atrasos, al abandono del proyecto Andina 244, la suspensión de Súlfuros RT Fase II, débil avance en el Proyecto Rajo Inca en El Salvador, y la grave situación que afecta a las Fundiciones y Refinerías, que en lugar de ser potenciadas como operaciones estratégicas, están siendo disminuidas en sus capacidades de procesamiento, afectando el valor agregado de Codelco”, indicaron.

La declaración agrega que  se han realizado reducciones de costos cortoplacistas que no son sostenibles en el tiempo y que la producción está amenazada para los próximos años.

Además, indica que “recientemente nos hemos enterado que el actual Presidente Ejecutivo y otros ejecutivos o ex ejecutivos que forman o han formado parte de su equipo de mayor confianza disfrutan ininterrumpidamente desde su ingreso a Codelco de un muy buen plan de salud de por vida en la Isapre Chuquicamata. Al mismo tiempo que se ha mostrado totalmente intransigente para convenir planes de egreso con la dirigencia sindical, en donde se reconozca el derecho a la salud a los trabajadores que se acojan a estos planes de desvinculación pactada, lógicamente continuando con el pago de la cotización en la Isapre correspondiente”.