Una presentación ante la Contraloría efectuó la Fundación Defendamos la Ciudad, tras el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar la constitucionalidad de una norma de la llamada Ley de Suelos, que deja las manos abiertas a las municipalidades para legitimar permisos de construcción que habían sido objetados por la misma Contraloría por ilegales.  

“En conocimiento de sus innumerables dictámenes que han establecido que son contrarios a derecho los permisos de edificación que se han acogido a incentivos y/o beneficios urbanísticos contenidos en los planes reguladores comunales de distintas municipalidades del país, hemos considerado impropio que en un país en donde debiera operar un Estado Democrático de Derecho, el gobierno haya introducido a última hora, vía indicación presidencial, en el proyecto de ley denominado ‘transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano’, el artículo quinto que versa sobre una situación absolutamente ajena a esa ley ya aprobada en el Congreso Nacional”, señala la presentación.

“Con ese artículo 5º que declara válidos los incentivos o condiciones, luego operando la retroactividad, contemplados en los planes reguladores comunales, sus anteriores dictámenes referidos a permisos de edificación irregulares quedan sin efecto, con lo cual se embiste en contra de las atribuciones de la Ley Nº 10.336,  Orgánica Constitucional de su institución pública”, indica Patricio Herman, presidente del organismo.

La Fundación el pasado 24 de enero ingresó un “téngase presente” en el Tribunal Constitucional, Rol 4240-2018, solicitándole que declarara la inconstitucionalidad de ese “improcedente artículo 5º”, pedían. En menos de una semana, el 30 del mismo mes, “ese Tribunal, sin revisar en lo más mínimo el contenido del mencionado artículo 5º, emitió sentencia favorable a esa ley del mercado de suelo con lo cual, seguramente sin proponérselo, sus magistrados avalan prácticas indeseables por no decir corruptas en el mercado de la construcción.”, señala la presentación al Contralor.

“Esperamos que la Contraloría analice la situación en comento y adopte la decisión que corresponda, para que no se lesionen sus atribuciones legales y constitucionales que ejerce con estricto apego a la probidad y ecuanimidad”, dijo Herman a Cambio21.