Oh I'm just counting

Solo 24 de 112 reos en Colina II podrán votar en las próximas elecciones según confirmó Gendarmería

A pocos días de las elecciones del 21 de noviembre, Gendarmería informó que solo podrán sufragar 24 de los 147 reos a los que favoreció el recurso de protección acogido por la Corte Suprema a principios de semana y que puso sobre la mesa el tema del derecho a voto de quienes están privados de libertad.

En un comunicado dado a conocer durante esta jornada, Gendarmería señaló que “de las 147 personas, a las que se refiere el fallo de la ilustrísima Corte Suprema, respecto del recurso de protección interpuesto en su favor, en noviembre de 2020, actualmente solo 112 permanecen privadas de libertad, y de estas últimas, solo 24 están habilitadas para sufragar”.

Además, desde la institución penitenciaria expresaron “su total compromiso para ponerse a disposición del Servel y trabajar conjuntamente” para que el derecho a voto sea aplicado.

“Gendarmería, en tanto, servicio público encargado de la custodia y reinserción social de las personas privadas de libertad, está disponible para tomar todas las medidas administrativas y operativas que sea necesarias para habilitar el derecho a sufragio de las personas privadas de libertad, cuando así corresponda, en función de lo que el Servel instruya y bajo su estricta supervisión”, se agregó en el comunicado.

En cuanto al recurso de protección acogido por la Suprema, señaló que la prohibición de ejercer el derecho a voto es “ilegal, toda vez que conforme se ha expuesto precedentemente éstas se encuentran obligadas tanto por la normativa interna como por los tratados internacionales suscritos por Chile a velar por el oportuno y adecuado ejercicio del derecho a sufragio de los recurrentes que se encuentran privados de libertad, quienes mantienen incólume su derecho a sufragio como los demás ciudadanos y, sin embargo, no pueden ejercerlo, vulnerándose así la garantía de igualdad de trato”.

En junio pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado el recurso, planteando la necesidad de una reforma legislativa de procedimiento adecuado, sin que pueda imputarse una ilegalidad o una arbitrariedad a alguno de los organismos involucrados. Estaba como antecedente, además, la imposibilidad de votar en el plebiscito de octubre de 2020 de 147 personas privadas de libertad.