El subsecretario del Interior, Luis Cordero, sostuvo que el Presidente Gabriel Boric está dispuesto a declarar en la investigación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte realiza en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve. Según Cordero, el Mandatario pidió transparencia y ofreció colaboración plena en el caso.

“El Ejecutivo, por instrucciones del Presidente, no solo está preparado, sino que está plenamente dispuesto a declarar en esa investigación”, afirmó Cordero. “El Presidente ha pedido total transparencia y ha solicitado que cualquier funcionario del gobierno que sea útil como testigo esté disponible al Ministerio Público, partiendo por él. Él lo ha dicho públicamente”, añadió.

En esa línea, Cordero enfatizó que el Ejecutivo no tiene inconveniente en colaborar. La autoridad subrayó que, desde la renuncia de Monsalve el pasado 17 de octubre, no ha existido contacto entre el exsubsecretario y el gobierno. “Desde que él renunció y abandonó La Moneda, no ha habido ningún contacto con él”, aseguró Cordero.

En relación con el uso de gastos reservados por parte de Monsalve, el subsecretario fue claro en señalar que el Gobierno no posee información precisa sobre su manejo, aunque se está realizando una revisión.

“El gobierno no tiene antecedentes sobre ese punto. Sin embargo, dado que el subsecretario del Interior tiene asignados gastos reservados, es un asunto que nosotros estamos en revisión y que se informará a quienes corresponda oportunamente”, afirmó.

El subsecretario Cordero también mencionó la importancia de los mecanismos de control en el uso de recursos estatales. “Esos gastos también están sujetos a un mecanismo de control muy específico que tampoco es público”, añadió, aludiendo a la confidencialidad que rodea estos fondos.

Eventual delito por falta a normativa de Inteligencia
Respecto a posibles irregularidades, Cordero enfatizó que el uso indebido de recursos o atribuciones estatales constituye no solo una falta administrativa, sino también un posible delito. “El uso de potestades y bienes del Estado que cualquier funcionario realice para fines personales siempre será no solo reprobable, sino que también es una irregularidad administrativa y potencialmente penal”, sentenció el subsecretario.

Al abordar la Ley de Inteligencia, Cordero subrayó que cualquier falta en el cumplimiento de esta normativa tendría una gravedad particular, debido a las implicancias legales. “La Ley de Inteligencia contempla un delito específico respecto del ejercicio”, explicó el Subsecretario.

Cordero también informó sobre las decisiones adoptadas por el Ejecutivo para asegurar la transparencia en este caso. “La primera, que el sumario instruido lo siga instruyendo Contraloría para efecto de dar mayor transparencia”, indicó.