En el Juzgado de Garantía de Coyhaique, 42 militares en retiro, exmiembros de la IV División de Ejército, además de siete civiles, aceptaron una propuesta de acogerse a la suspensión condicional en el denominado caso FAM, que investiga un fraude al Fisco en relación con el Fondo de Ayuda Mutua existente en la institución.

El caso FAM se refiere a una asociación en la cual los funcionarios del Ejército aportaban mensualmente recursos para brindar apoyo económico a aquellos que se jubilaran o se retiraran de la institución. Sin embargo, en 2018, tras una denuncia ante Contraloría, se ordenó el cierre del fondo debido a irregularidades.

Las irregularidades en el FAM

Como consecuencia de la pérdida de los recursos aportados por un número importante de exmilitares, el Ejército decidió recontratarlos a honorarios y pagarles salarios por labores que no realizaban, como forma de reparación. Esta acción dio lugar a una investigación por fraude al Fisco.

Desde el Poder Judicial determinaron que los miembros del Ejército recurrieron al presupuesto fiscal para cubrir los depósitos adeudados, a través de la adulteración de viáticos, comisiones de servicio, gastos de representación, alargamiento injustificado de la carrera y al pago de otros servicios inexistentes. Mecanismos que permitían devolver con dinero fiscal los montos depositados por oficiales y suboficiales en la fallida cooperativa informal, provocando una defraudación por la suma de $2.811.652.230, según consigna ADN Radio.

Las condiciones para suspender el juicio

Los 42 militares en retiro que aceptaron la propuesta de suspensión condicional deberán reintegrar al Fisco los dineros percibidos al ser “recontratados”. Se les otorgó un plazo de hasta 36 meses para cumplir con este compromiso, durante el que la causa se mantendrá suspendida. Sin embargo, en caso de no cumplir con el acuerdo avalado por los tribunales, se reabrirá la investigación en su contra.

Los ex uniformados deberán devolver, en conjunto, cerca de 170 millones de pesos, además se determinó la obligación de fijar su domicilio y de realizar un control mediante firma cada tres meses.