La Tesorería General de la República (TGR) presentó una demanda contra Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., compañía ligada a Alejandro Irarrázaval Alfonso, jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda y principal colaborador del presidente Kast. El motivo: el no pago de patentes asociadas a derechos de aprovechamiento de aguas.

La acción judicial ingresó el 28 de mayo de 2026 al 24º Juzgado Civil de Santiago. La empresa forma parte de los 133 contribuyentes —personas naturales y sociedades— incorporados en el procedimiento de cobro que impulsa Tesorería.

Irarrázaval fundó la agrícola, dedicada desde 2006 a la producción y exportación de uva. Fuentes de su entorno indicaron a T13 que dejó las funciones administrativas de la compañía en agosto de 2025, aunque conserva una participación societaria indirecta mediante Inversiones San Juan Limitada, sociedad vinculada a la propiedad de Agrícola Chacabuco Quality Grapes.

Un certificado emitido por Tesorería el 10 de mayo de 2024 consigna que la compañía mantiene una deuda de $149.100.950 en patentes por no utilización de aguas. El documento abarca deudas acumuladas desde 2015, salvo los períodos 2016 y 2018. Entre las cifras anotadas aparecen $26.753.098 de 2015, $11.499.126 de 2019 y $17.347.068 de 2023. La situación de la agrícola también figura en el proceso de cobro de patentes de 2026, por un derecho de aprovechamiento inscrito a su nombre.

El 15 de enero de 2026, la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, publicó en el Diario Oficial el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patentes por no utilización de aguas del proceso 2026. En ese documento aparece Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., con un caudal sujeto a pago de 18,74 litros por segundo, equivalente a una patente de 239,87 UTM. La resolución se dictó el 30 de diciembre de 2025 y comprende derechos cuyas aguas no estaban total o parcialmente utilizadas al 31 de agosto de ese año, conforme a los criterios del Código de Aguas.

Las patentes son un cobro fiscal que se aplica a determinados titulares de derechos de aprovechamiento que no disponen de obras de captación o restitución suficientes para usar el recurso. Si las obligaciones quedan impagas, Tesorería puede iniciar acciones judiciales para obtener su cobro, procedimiento que contempla el eventual remate público de los derechos de aprovechamiento de aguas.
Desde el entorno de Alejandro Irarrázaval sostuvieron que hoy no tiene facultades para intervenir en la gestión de la compañía. Sobre los cobros por derechos de agua, sus cercanos afirmaron que la empresa ha cuestionado las obligaciones mediante los mecanismos administrativos y judiciales que contempla la legislación vigente.

El vínculo de Irarrázaval con la estructura empresarial de la agrícola pasa por Inversiones San Juan Limitada, sociedad constituida el 29 de julio de 2004 junto a su esposa, Jessica Diethelm Dávila. Más tarde, Inversiones San Juan participó en la constitución de Río Colina S.A., el 22 de mayo de 2006, junto a Asesorías Jordán Joannon Limitada, ligada al empresario Rafael Jordán Marín. El 22 de agosto de ese mismo año se constituyó Agrícola Chacabuco Quality Grapes S.A., con la participación de Alejandro Irarrázaval, Rafael Jordán y Río Colina.

Esa estructura societaria permite establecer el vínculo empresarial entre el jefe de asesores de La Moneda y la compañía demandada por Tesorería, aunque su participación indirecta debe distinguirse de las funciones administrativas que, según su entorno, dejó en agosto de 2025.

Consultada por las obligaciones pendientes y el estado de los procedimientos, la empresa no entregó una respuesta completa. Uno de sus gerentes derivó las consultas a Rafael Jordán, socio histórico de Irarrázaval.