Desde hace más de una década, Chile parece encaminarse hacia una sociedad crecientemente secularizada. La influencia de las iglesias ha disminuido, las nuevas generaciones se declaran cada vez menos religiosas y los debates públicos han tendido a formularse principalmente en términos de derechos, procedimientos e instituciones. Muchos han creído —y algunos incluso celebrado— que el lenguaje religioso ha quedado definitivamente relegado a la esfera privada.

Sin embargo, ya sabemos que la historia suele ser menos lineal de lo que imaginan algunas teorías. En los últimos años hemos asistido, en Chile y en el mundo, a fenómenos como la profundización de la desconfianza hacia las instituciones, la crisis de representación política, el debilitamiento de los partidos, la fragmentación de las identidades colectivas y una creciente dificultad para construir acuerdos básicos sobre cuestiones fundamentales.

En medio de ese panorama, siguen presentes interrogantes que parecían olvidadas.

¿Qué entendemos por dignidad humana?

¿Qué obligaciones tenemos unos respecto de otros?

¿Qué límites debe reconocer el poder?

¿Cuánta desigualdad es tolerable sin destruir las bases de la convivencia cívica?

¿Qué significa el bien común?

Estas no son, obviamente, cuestiones técnicas. Son cuestiones morales y políticas. Cuestiones que reaparecen cada vez que una sociedad se interroga sobre aquello que la mantiene unida.

El eco transversal de León XIV
Por eso resulta especialmente interesante el reciente discurso del Papa León XIV ante el Congreso de los Diputados de España. Más allá de las posiciones que cada uno pueda tener respecto de la Iglesia Católica, la intervención generó un enorme impacto en el país europeo, donde el Pontífice fue ovacionado durante largos minutos por sectores políticos habitualmente irreconciliables. El fenómeno tampoco parece aislado. Algo similar había ocurrido semanas antes con la publicación de su encíclica sobre la técnica y la inteligencia artificial.

Muchos analistas han intentado explicar esta resonancia desde la política contingente, destacando la diferencia entre la firmeza ética de León XIV y la complacencia con que diversos líderes internacionales han enfrentado las derivas autoritarias, nacionalistas o disruptivas que atraviesan la escena global. Sin embargo, el impacto que producen sus intervenciones frente a las llagas abiertas de nuestro tiempo —la proliferación de las guerras, la aceleración del cambio climático, las persistentes desigualdades estructurales— sugiere que estamos ante un fenómeno más profundo que la mera popularidad de un líder religioso.

Lo que parece expresarse es una necesidad de orden civilizatorio. Una búsqueda de fundamentos compartidos en medio de un tiempo caracterizado por la incertidumbre. Es precisamente aquí donde adquiere relevancia la reflexión del filósofo alemán Jürgen Habermas y su diagnóstico sobre la condición postsecular de las sociedades contemporáneas.

Fe, saber y el diagnóstico de Habermas
La tesis de Habermas es sencilla y profunda a la vez. La modernización occidental no eliminó la religión como muchos habían previsto. Difícilmente podía hacerlo, pues, como observa en el primer volumen de Una historia de la filosofía, la relación entre fe y saber se encuentra en el corazón mismo del desarrollo intelectual de Occidente.

El problema que identifica no es únicamente religioso. Al emanciparse progresivamente de sus fundamentos teológicos, las sociedades modernas ganaron autonomía, libertad y capacidad crítica. Pero al mismo tiempo se enfrentaron a una dificultad inédita. Encontrar nuevas fuentes de legitimidad, cohesión y sentido para la vida colectiva.

De ahí surge una de las interrogantes centrales de la obra tardía de Habermas. ¿Puede la razón secular generar por sí sola todos los recursos morales que necesita una democracia o debe seguir nutriéndose, mediante un permanente proceso de traducción crítica, de las tradiciones religiosas y culturales que contribuyeron a formarla?

La cuestión de fondo no es religiosa. Es política. Una democracia puede sobrevivir durante algún tiempo apoyada exclusivamente en procedimientos, reglas e incentivos. Pero tarde o temprano reaparece la interrogante sobre los valores que justifican esos procedimientos y sobre las obligaciones que los ciudadanos tienen entre sí más allá de sus intereses particulares.

Por eso las democracias contemporáneas siguen siendo seculares en sus instituciones, pero deben reconocer que las tradiciones religiosas continúan siendo actores relevantes en la formación de valores, identidades y convicciones morales. La cuestión ya no consiste en expulsar la religión del espacio público, sino en establecer las condiciones de un diálogo democrático entre creyentes y no creyentes.

Lo notable del discurso de León XIV es que se mueve precisamente en ese terreno. No reclama privilegios institucionales ni cuestiona la autonomía del Estado democrático. Tampoco propone una legislación confesional. Formula, más bien, una interrogante de carácter antropológico. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes?

Esta cuestión tiene consecuencias muy concretas. Está presente cuando se discuten los alcances de la inteligencia artificial, el imperativo de la paz frente a las guerras que arrasan el mapa global, la urgencia del cambio climático, las políticas migratorias, la educación, el cuidado de los adultos mayores, la protección de la vida o el combate a la desigualdad mediante las políticas económicas. En todos esos casos, antes de resolver cuestiones técnicas o jurídicas, existe una cuestión previa. Determinar cuál es la imagen del ser humano que orienta nuestras decisiones.

No parece casual que el Papa haya recurrido a la tradición de la Escuela de Salamanca y a la figura de Francisco de Vitoria. Hace cinco siglos, cuando el descubrimiento de América planteó desafíos inéditos para la conciencia europea, aquellos pensadores formularon una cuestión fundamental. ¿Existen límites morales que el poder no puede traspasar?

Su respuesta fue afirmativa. La dignidad humana precedía a la autoridad política y constituía el fundamento último de toda legitimidad.

Hoy los desafíos son distintos, pero la interrogante sigue siendo la misma. Los "nuevos mundos" ya no son territorios geográficos, sino algoritmos, sistemas de inteligencia artificial, mercados globales, redes digitales y tecnologías capaces de alterar profundamente la experiencia humana. La cuestión vuelve a ser si el progreso técnico, el crecimiento material o la geopolítica pueden bastarse a sí mismos o si necesitan una orientación moral.

La encrucijada chilena
Chile conoce bien este problema. Y es aquí donde el diagnóstico habermasiano sobre la pérdida de integración social adquiere una especial relevancia.

El estallido social de 2019, el posterior ciclo constitucional y las sucesivas frustraciones políticas de las alternancias pendulares revelan con dureza que no basta con modificar la arquitectura institucional para reconstruir la convivencia. Tampoco basta con invocar derechos o proclamar deberes si no existe una comprensión compartida de lo que significa pertenecer a una misma comunidad política, ni si se ignora el malestar que producen desigualdades percibidas como injustas.

Después de décadas de modernización capitalista acelerada, nuestro país parece experimentar precisamente el dilema que Habermas describe. Las sociedades modernas poseen una enorme capacidad para generar riqueza, conocimiento y poder administrativo, pero encuentran crecientes dificultades para producir sentido y solidaridad.

Los mercados asignan recursos. Las burocracias organizan funciones. Los tribunales resuelven conflictos. Ninguna de esas instancias, sin embargo, crea por sí sola los vínculos morales y culturales que permiten a una comunidad reconocerse como tal.

La democracia requiere procedimientos, pero también necesita fundamentos culturales y morales que permitan sostener la confianza recíproca y la cooperación entre ciudadanos. Requiere, además, liderazgos capaces de actuar sobre la base de principios más altos que la sola competencia por el poder.

El valor de la traducción
De ahí la importancia de las tradiciones culturales, filosóficas y religiosas. No porque deban sustituir a la democracia, sino porque pueden aportar recursos éticos que ésta necesita para sobrevivir.

Una sociedad pluralista no exige que los ciudadanos abandonen sus convicciones profundas al ingresar al debate público. Exige, sí, que aprendan a traducirlas a un lenguaje comprensible para quienes no las comparten. Ésa es precisamente la idea central del diálogo postsecular propuesto por Habermas.

Ese aprendizaje es una tarea común. Los creyentes debemos aceptar plenamente las reglas del pluralismo democrático. Los no creyentes, por su parte, deben abandonar la pretensión de que toda referencia religiosa carece de valor público por definición. La condición postsecular comienza precisamente cuando ambas partes reconocen que tienen algo que aprender de la otra.

Tal vez ésa sea una de las principales enseñanzas del momento que vivimos en Occidente. Después de años de polarización, desencanto y agotamiento ideológico, la reflexión sobre los fundamentos vuelve a instalarse en el centro de la vida pública. No para restaurar antiguas hegemonías religiosas ni para cuestionar el carácter laico del Estado, sino para recordar que ninguna democracia puede sostenerse indefinidamente sobre procedimientos vacíos de significado.

Las sociedades necesitan algo más que reglas. Necesitan razones para convivir. Y cuando esas razones comienzan a escasear, los viejos interrogantes regresan. No porque el pasado vuelva a imponerse sobre el presente, sino porque ninguna comunidad humana puede vivir indefinidamente sin preguntarse quién es, qué debe a los demás y qué considera digno de ser protegido.

Ése es, en el fondo, el signo distintivo de los tiempos postseculares.