El Tribunal Constitucional declaró como inadmisible el requerimiento que buscaba proclamar como inconstitucionales a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y a otros tres movimientos que actualmente operan con violencia y protagonizan ataques en la Macrozona Sur. 

Por cuatro votos contra uno, la Primera Sala del TC desestimó el requerimiento contra la CAM, como también contra Weichan Auka Mapu (WAM),Resistencia Mapuche Malleco (RMM) y Resistencia Mapuche Lavkenche (RML). 

En la resolución se consideró que lo expuesto en el requerimiento supera las implicancias de que el TC declare a estas agrupaciones como inconstitucionales, atendiendo al tenor de los hechos es un tema de competencia de la justicia penal, argumentaron desde el tribunal. 

Este requerimiento fue presentado a mediados de junio por el ex coordinador de seguridad de la Macrozona Sur durante el gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Urquízar, quien se amparó en la facultad del TC que establece que éste puede "declarar inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos políticos, como asimismo, la responsabilidad de las personas que hubieran tenido participación de los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad".

En el documento presentado, Urquízar detalló la formación de dichas agrupaciones, como también repasó los hechos de violencia realizados; además, se solicitaba oficios a instituciones estatales y civiles, con el objetivo que entregaran información relativa a su funcionamiento, entre ellas, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), distintos Ministerios, la Fiscalía, las policías, la Iglesia Católica, entre otros. 

Urquízar calificó la decisión del TC como "impresentable, desde el punto de vista tanto de las familias mapuche como no mapuche que viven en la zona, porque lo que hace el tribunal, en vez de efectuar un análisis jurídico de lo que son los requisitos formales establecidos en la Ley Orgánica del TC, (es que) finalmente termina imponiéndose la posición de la presidenta de este órgano, vinculada al fondo del asunto". 

En este último punto, se hace referencia a que Nancy Yáñez, presidenta del TC, ya previo a su nombramiento había expresado posiciones sobre la violencia en el sur. 

"Una vez más, el Estado les da la espalda a los afectados y termina legitimando o tolerando la violencia como método de acción política, la que a diario ejecutan las orgánicas violentistas en la Macrozona Sur", agregó la ex autoridad de gobierno. 

Sobre si insistirá en el requerimiento, declaró que "estoy evaluando los cursos de acción".