La Corte de Apelaciones de Temuco resolvió acoger parcialmente los recursos de amparo presentados contra la PDI y su director general, Héctor Espinosa, por el procedimiento policial que afectó a la hija de siete años del asesinado comunero mapuche, Camilo Catrillanca, en la foto, detenida por cuatro policias que antes la habían tirado al suelo y le habían colocado una rodilla sobre su espalda. Las acciones fueron presentadas por la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), quienes alegaron ante el tribunal de alzada de la región de La Araucanía por lo ocurrido el 7 de enero a las afueras del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de Ercilla.

 

A dicho recinto médico comenzaron a llegar los policías heridos por un masivo operativo iniciado horas antes en Temucuicui -y que terminó con un inspector fallecido-, encontrándose allí con desórdenes y agresiones por parte de diversas personas. A raíz de ello se detuvo a la madre y abuela de la menor, las que posteriormente quedaron en libertad por disposición del Ministerio Público. Lo ocurrido con la menor, sin embargo, aún es objeto de denuncias cruzadas. La PDI dijo que esta fue trasladada de inmediato a una comisaría para ser entregada a un adulto, mientras que la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó que esta estuvo detenida por más de tres horas en un vehículo policial. Incluso la habrían tirado de sus trenzas

Paralelamente la abogada publicó en su cuenta de Twitter imágenes del operativo, donde se ve a la niña en el suelo, rodeada de policías. En tanto, Espinosa, aseguró que la información que ha circulado "no es verídica": "Lo que se aprecia ahí (en las imágenes) está sacado de contexto. Nosotros tenemos mucha más evidencia para presentar ante tribunales, pero yo no quiero entorpecer esa investigación".

 

Sin embargo, la Corte terminó por confirmar lo acusado por ambas instituciones y determinar que la niña sí fue detenida y que los policías involucrados actuaron con "fuerza desproporcionada e ilegítima".

 

"Personal de la PDI que procedió a la detención de la menor sindicada actuó con fuerza desproporcionada e ilegítima y, aun sin ella, vulneró los derechos constitucionales a la libertad personal y a la seguridad individual de la menor, con infracción de la Constitución Política de la República y de la Convención sobre los Derechos del Niño", declaró el tribunal.

 

Por ello, se ordenó a la policía "abstenerse de realizar cualquier acción arbitraria e ilegal respecto de la niña ya inicializada y de cualquier otro menor (...) sometiéndose al estricto cumplimiento de lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales". Las acciones se desestimaron en cuanto a la madre y abuela de la niña, "por no encontrarse acreditadas las circunstancias en que ambas fueron detenidas".

 

El caso de la menor está siendo investigado penalmente por el fiscal de Derechos Humanos de La Araucanía, Carlos Cornejo.