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Por Alfredo Peña R.

El día 30 de marzo de 1985 fueron ejecutados tres militantes del Partido Comunista por un grupo de carabineros de la denominada Dirección de Comunicaciones de Carabineros, Dicomcar, un apéndice de la policía política de la dictadura, la CNI, enquistada en el policía uniformada.

Los tres trabajadores comunistas habían sido secuestrados los dos días anteriores y torturados en el cuartel de la Dicomcar, ubicado en la calle Dieciocho, a solo cinco cuadras de La Moneda. Los criminales querían enviar un grotesco mensaje a la Vicaría de la Solidaridad, la entidad de la Iglesia Católica que protegía a los perseguidos y donde trabajaban dos de los tres asesinados. Estos terribles crímenes se conocieron como Caso Degollados por la forma en la que fueron asesinados los tres dirigentes. Con corvos, los carabineros los degollaron a los tres, en un campo y de madrugada.

¿Quiénes fueron asesinados en el Caso Degollados?

Santiago Nattino era un publicista y tenía 60 años, fue secuestrado en una calle de Las Condes el día 28 de marzo. Un día más tarde, los carabineros raptaron al sociólogo de 34 años, José Manuel Parada y al profesor de 36 años, Manuel Guerrero Ceballos, después de dejar malherido, por un disparo de bala, a uno de sus acompañantes, que intentó evitar que se los llevaran en avenida Los Leones en Providencia a primeras horas de la mañana.

Fueron secuestrados en las afueras del colegio donde estudiaban sus hijos y tanto Parada como Guerrero, habían ido a dejar a sus pequeños hijos. Incluso en esa criminal operación se usó el helicóptero de la propia policía uniformada.

Los tres fueron recluidos en el cuartel policial de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros, donde fueron torturados. 

En la mañana del día 30 de marzo, los policías se los llevaron a la comuna de Pudahuel, muy cerca de la circunvalación Américo Vespucio, donde los degollaron. Los cuerpos fueron arrojados a unos matorrales, cerca del aeropuerto internacional de Santiago en Pudahuel. Los tres tenías las manos amarradas a sus espaldas y con muestras de tortura y ensañamiento.

A las pocas horas, los cadáveres fueron descubiertos por unos campesinos; a partir de ese momento, el crimen de los militantes comunistas pasaba a conocerse como Caso Degollados.

Reacción de la dictadura

En las horas siguientes, luego de la conmoción pública por el hallazgo de los tres profesionales, el almirante José Toribio Merino habló de un crimen del Partido Comunista, mientras que el general director de Carabineros César Mendoza dijo que se trataba de "un ajuste de cuentas".

El ministro de Defensa Patricio Carvajal, por su parte, culpó al «comunismo dirigido desde Moscú» como el responsable de los asesinatos.​

El brutal triple homicidio, generó conmoción e indignación en todo el país. El lunes 1 de abril, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó al sexagenario juez José Cánovas Robles como ministro en visita para investigar los crímenes.

La propia CNI los denuncia

Extrañamente y para no aparecer comprometidos en estos crimenes, la Central Nacional de Informaciones, la CNI, la policía política del regimen, entregó datos oficiales y extraoficiales al juez Cánovas.

Rápidamente las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la hasta entonces desconocida Dicomcar, tanto en los asesinatos de los tres profesionales, como en los secuestros de los cuatro integrantes de una organización de profesores.

De gran importancia fueron los informes elaborados por la CNI y entregado al juez, que describía los métodos operativos y centros de operación de la Dicomcar. La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por el coronel Guillermo González Betancourt, jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la Dicomcar, y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y el sargento José Florentino Fuentes Castro. En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura también iban González Betancourt, el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como «el Fanta», comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura.​

El 1 de agosto, tras cuatro meses de investigación, el juez Cánovas encargó reos a los dos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la Dicomcar, el coronel Julio Luis Michea Muñoz, jefe de Asuntos Internos y Externos del organismo, y el teniente coronel Iván González Jorquera, jefe del GOPE.​ También se declaró incompetente para que el caso fuera visto por la Justicia Militar. Sin embargo, en los días siguientes el tribunal castrense rechazó la incompetencia.

El 2 de agosto, un día después de la resolución de Cánovas, el general director César Mendoza renunció al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: "Porque se me antojó, no más", y luego agregó: "Se está desgranando el choclo...". En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la Dicomcar.​

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento, y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa.En 1989 el juez se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

Un comando se venga: asesina en la calle al jefe de carabineros que ordenó el degollamiento

En mayo de 1990 un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinó en la calle al coronel (r) Luis Fontaine Manríquez, en venganza por el caso Degollados. El había sido quién ordenó los tres crimenes.
Fontaine, recibía órdenes directas del entonces director general de Carabineros César Mendoza, también miembro de la Junta Militar.

Fontaine, llamado a retiro a mediados de 1985, se había reinventado como gerente de la industria de luminosos de neón “Riesco y Cía”. Aquel 10 de mayo de 1990, recién iniciada la democracia, había salido desde su oficina junto a su secretaria hacia calle Santa Isabel, en el centro de Santiago para abordar un taxi. Ahí lo esperaban dos jóvenes del Frente. Los verdugos de Fontaine era una dupla letal del FPMR, Ricardo Palma Salamanca, el Negro, y Raúl Escobar Poblete, Emilio, que ya habían participado en acciones denominadas "contra la impunidad".

Vestidos de escolares se confundieron con los numerosos colegiales que a esa hora salían de sus clases desde distintos establecimientos del sector. Por eso nadie se alarmó en el instante en que se acercaron al automóvil que transportaba a Fontaine. La sorpresa y la alarma llegaron tarde. Los disparos empezaron a salir alternadamente desde la subametralladora y la pistola semiautomática, ambas cargadas con balas de calibre 9mm.

Cumplido el objetivo contra Fontaine, ambos arrancaron por calle Santa Isabel en dirección a Portugal, acertando un nuevo logro en la campaña “no a la impunidad” iniciada con el crimen del coronel de la Fach, Roberto Fuentes Morrison, alías el Wally, donde también habían participado.


Condenas a los criminales

Tras varios años de investigación, en 1994 el juez Milton Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato, y a otros trece funcionarios a penas que oscilaron entre 41 días y 18 años de presidio.

Posteriormente la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo.​ Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se baja a 15 años y un día de presidio. Todos ellos -los que están vivos- están presos en la cárcel de Punta Peuco.