El destacado abogado Hernán Bosselin (DC) vive un "dejá vú". Trabajó intensamente en la defensa de los derechos humanos en dictadura y hoy luego de 40 años sigue con la misma preocupación, pero en democracia. 

Bosselin fue un duro opositor a Pinochet y fue uno de los que denunció en plena dictadura, la corrupción del propio dictador al denunciar publicamente que Pinochet había comprado en forma irregular y con graves actos corruptos, los terrenos de El Melocotón en el Cajón del Maipo. En esa época, el abogado recibió amenazas de muerte anónimas.

 

Hoy su preocupación es la defensa del juez Daniel Urrutia que dejó en libertad a 13 jóvenes supuestamente de los denominados "primera línea" para que no se contagiaran en las cárceles. 

 

Y sobre las violaciones de derechos humanos en los últimos cuatro meses antes de la pandemia, Bosselin es tajante de acusar a Piñera como responsable de esos graves atropellos:  "Sí, absolutamente por la jerarquía del mando, por la evidencia de los sistemáticos apoyos públicos al actuar de Carabineros y FFAA, porque después de las muertes, mutilaciones y abusos policiales no detuvo la acción de estos sino que continuaron", dice a Cambio21.

 

Bosselin, ex diputado, lanza una idea que deberá plantearla luego que pase la pandemia: "Hay que crear una Comisión de Verdad" para tener claro sobre los graves atropellos a los derechos humanos ocurridos en los meses de octubre, noviembre, enero y febrero.

 

 

La resolución de la Corte de Apelaciones, en mi concepto, no fue sabia ni prudente; ni se ajustó a derecho. Daniel Urrutia es un juez de profundas convicciones jurídicos democráticas, es un humanista respetuoso de los derechos humanos de los presos y promotor del pleno imperio de los mismos; máxime en situaciones extremas de pandemias, extraordinariamente contagiosa.

 

Las cárceles son lugares donde hay hacinamientos de presos, con probabilidades evidentes de contagios. Los 13 imputados, a los que de oficio, tal como lo dispone el artículo 145, inciso primero, del Código Procesal Penal, lo permite, le sustituyó la prisión preventiva por el arresto domiciliario total, se encuentran formalizados por el supuesto delito de desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal; la pena, en abstracto, que le podría corresponder a tales imputados, si fueran condenados, y yo creo que no lo serán , en modo alguno podría ser una pena privativa de libertad; no se justifica, en consecuencia, la prisión, erróneamente ordenada por la Corte de Apelaciones.

 

El Juez de Garantía debe velar por la vida y salud de los presos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar daños a la integridad física y moral y a la dignidad intrínseca de los mismos. Debo aclarar, que el Magistrado Urrutia, dispuso la sustitución de la prisión, por arresto domiciliario total, encontrándose legalmente en funciones, no se hallaba con permiso, como erróneamente se ha divulgado; no se auto agendo la causa de los 13 imputados, ya que llegó a dictar su resolución del 25 de Marzo, en el marco de un acuerdo del Comité de Jueces del Juzgado que estaba en desarrollo, en proceso de implementación, aunque no se había levantado Acta, para que cada Juez, en uso de sus facultades privativas, revisara las prisiones preventivas, de oficio, sin audiencias, resoluciones que, en todo caso, los intervinientes podrían recurrir de apelación.

 

 

La Corte de Apelaciones, con grave infracción del artículo 4 del Acta 15-2018 de la Corte Suprema, ordenó sumariar y suspender al Juez Urrutia, en razón de haber sustituido la prisión, por arresto total domiciliario; cuestionó la Corte así una resolución judicial, lo que le está expresamente prohibido por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia. El Acuerdo del Pleno de la Corte de Apelaciones viola la independencia del Juez, principio esencial para el funcionamiento de la judicatura en un estado de derecho democrático.

 

El tema administrativo de la distribución de la causa de los 13 imputados, en el contexto humanitario de la pandemia y la consiguiente dictación de la resolución que pronunció el Juez Urrutia fundadamente, por razones de humanidad, justicia y moral, no puede considerarse una conducta negligente; sino por el contrario, es un proceder prudente, informado por una ética cordial, por principios de humanidad y de justicia, para amparar la vida y salud de los presos, valores y principios preferentes, que son superiores a una materia meramente administrativa de distribución de causas, realizadas por efecto y consecuencias de la urgencia sanitaria, que reclama resoluciones prontas, eficaces y rápidas; el exceso de formalismos administrativos destruye el derecho y la justicia; lo que precisamente es prudente dada la crisis verdaderamente humanitaria que vive el país y particularmente estos presos hacinados, cuyo es el caso de los 13 imputados, respecto de los cuales el Juez Urrutia sustituyó la prisión por el arresto domiciliario y lo hizo con independencia de juicio y con fundamentos jurídicos serios irrefutables.

 

Lo que sucede, en Acuerdo del Tribunal Pleno es que los árboles no dejan ver el bosque; la Corte de Apelaciones omite completamente los valores de humanidad que debe presidir las resoluciones judiciales, sobre todo existiendo una pandemia altamente contagiosa.

 

 

No cabe la menor duda que el Juez Urrutia, como otros, tiene esa impronta. Los derechos humanos son vitales en un estado de derecho democrático y prefieren sobre cualquier otro derecho, ya que defienden la vida, la salud y la integridad psíquica y moral de las personas. Todos tenemos los mismos derechos y la misma dignidad intrínseca y los presos naturalmente tienen también esa dignidad y velar por ella y resguardarla es una conducta que honra la correcta administración de justicia; que bajo ninguna circunstancia puede considerarse negligente respetar los derechos humanos.

 

 

Tal vez acá hay que analizar las causas de la fragilidad del sistema que produjo la conculcación de los derechos humanos.

Lo primero es la responsabilidad del Gobierno y por qué el sistema no es capaz de defenderse de conductas autoritarias. Algunas causas son: la formación en las FFAA y Carabineros en DDHH en manos de personas no idóneas; la escasa preparación y la falta de convicción de parlamentarios en considerar que el respeto a los derechos humanos está por sobre el orden público y es el límite a los actos de Estado y gobiernos.

No cabe la menor duda, que nunca se esperó que después de los horrores de la dictadura que se estableció al partir del 11 de Septiembre de 1973, se iban a volver a repetir nuevas violaciones a los derechos humanos, existiendo un Parlamento con facultades fiscalizadoras de los actos del Gobierno. Era algo impensable. Desgraciadamente, en Chile se han violado manifiestamente los derechos humanos, durante el actual gobierno.

 

 

Sí, absolutamente por la jerarquía del mando, por la evidencia de los sistemáticos apoyos públicos al actuar de Carabineros y FFAA, porque después de las muertes, mutilaciones y abusos policiales no detuvo la acción de estos sino que continuaron. Así fue con Andrés Chadwick y con Gonzalo Blumel. Incluso ha relativizado las condenas recibida en informes de los principales organismos internacionales de derechos humanos. Además, ha sido intransigente frente a las demandas de justicia social y el modelo de concentración económica, frente a los reclamos de respeto y dignidad de las mayorías.

 

Por cierto, que el Presidente de la República tiene responsabilidad política, ya que es el Jefe Supremo de la nación y tiene mando sobre las fuerzas de orden y seguridad y sobre las fuerzas armadas.

Del punto de vista del derecho y de la filosofía. ¿Qué piensa usted que es más grave: violar los DDHH en dictadura o en plena democracia como lo hicieron carabineros, esencialmente en cuatro meses?

En dictadura, hay un sistema que facilita la comisión de estos delitos, por lo tanto, pueden darse en la impunidad absoluta.

 

En democracia se demostró las falencias y fragilidad del sistema político porque este no fue capaz de detener las atrocidades cometidas por el Gobierno. En consecuencia, se dieron todas las variables para que esto ocurriera. En primer lugar, están los grupos fácticos, conducidos por algunos sectores empresariales que manejan las principales decisiones del país y que no quieren cambiar este modelo. Una tremenda concentración económica que vuelve muy poderosos a algunos grupos económicos y que usan su poder para contener los cambios al modelo económico. Hay una parte del poder legislativo capturado por la derecha económica, mediante incluso el financiamiento ilegal. Luego están los partidos políticos desvinculados de la sociedad e insensibles a sus problemas, deslegitimados y, por lo mismo, incapaces de ejercer liderazgo.

 

También están los parlamentarios donde hay un sector de la oposición que es condescendiente con el modelo económico y otros más inexpertos, sin preparación y que se dejan seducir fácilmente por el lobby experto del Gobierno de Piñera para buscar apoyo, lo que se apreció a la última legislación que criminaliza la expresión y manifestación social, entre otras. El sector de la derecha e incluso de un sector de la ex Concertación que antepone el orden público policial y los negocios al respeto de los derechos humanos.

 

Se requiere reforzar institucionalmente el sistema político democrático para que situaciones graves como estas no se relativicen y desprotejan los DDHH de los chilenos. Se requiere mayor control social externo donde la ciudadanía ejerza una participación activa en las decisiones y el control de sus representantes. Y como dice Bobbio hacer lo público en público, transparencia, información y elevar las sanciones cuando se incurre en corrupción política o privada.

 

Las causas penales se deberán seguir tramitando con mayor fuerza y energía para sancionar efectivamente a todos los autores, cómplices y encubridores, ya que nos encontramos con una situación evidente de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que han comprometido la responsabilidad interna del estado y sus gobernantes y la responsabilidad internacional del mismo. Debo destacar, que las transgresiones a los derechos humanos que se produjeron con motivo y ocasión de la movilización social de Octubre del año 2019, no son actos aislados, sino que corresponden a una represión sistemática ordenada desde la cúspide del poder. Se debe hacer efectiva la responsabilidad penal y política de los autores que están detrás de los autores materiales de los delitos.

 

¿Podría haber luego de pasada la pandemia, una especie de Comisión Rettig, para investigar y castigar a los violadores de derechos humanos de reciente data?

 

Debe haber justicia y reparación para las víctimas. Todos los organismos internacionales de DDHH han condenado al Gobierno de Piñera y este no modificó los procedimientos policiales. Deben perseguirse las responsabilidades políticas, civiles y penales.

Es necesario establecer una especie de Comisión Rettig y Valech, para que desde una perspectiva más amplia que la estrictamente judicial analice con seriedad y profundidad, las causas que llevaron a estas violaciones a los derechos humanos y determine bajo que órdenes y preceptos conforme a que instrucciones actuaron los agentes del Estado. Pienso que no se trata de casos aislados, sino que de conductas reiterativas que indudablemente encuentran su origen en una planificación y cuyos autores deben ser precisados y determinados, no solo en el ámbito judicial, sino que también en el político.

 

En relación a la comisión de verdad sobre las violaciones a los DDHH del estallido social es una necesidad porque el sistema de justicia chileno no contempla la reparación integral del daño a las víctimas, por lo que se debe evitar que deambulen años por tribunales buscando reparación y justicia y además con un Consejo de Defensa del Estado que se opondrá a las indemnizaciones como hemos visto en los casos de las víctimas y familiares de violaciones a los DDHH durante la dictadura cívico militar.

 

 

 

En cualquier democracia sana, esos carabineros debieran haber sido destituidos, pero las acusaciones constitucionales y las peticiones de renuncia no han tenido apoyo en el Congreso porque se dan las carencias del sistema, entre otras, que la gente no vota porque no confía en la política ni los políticos. Luego de lo que ha sucedido creo que los movimientos ciudadanos tendrán mayor protagonismo que los partidos y es positivo que compitan en igualdad de condiciones para que se ganen el voto de la gente mediante proyectos que favorezcan a la gente.

 

Debe haber un profundo cambio en la formación de la ética en política y concientización de que la función política es una función de servicio real a la sociedad. Eliminaría todo el trato y los protocolos que alejan a los parlamentarios del concepto de la política como servicio. Además, deben tener la convicción respecto de la prioridad de los DDHH y que estos deben ser siempre el límite a los actos del Estado y del gobierno de turno. Esta convicción actualmente es débil. Es lo que se apreció en el debate de los políticos sobre la violación de los DDHH en el Gobierno de Piñera.