El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por el diputado del Partido Republicano, Juan Irarrázaval, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en la impresión de más de 700 mil ejemplares de la propuesta de nueva Constitución con fondos que superan los 400 millones de pesos.

Según consignó La Tercera PM, la querella apunta al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), explicando que esta cartera "puede utilizar y disponer de recursos sólo para la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional", pero que cuando "se contrató la referida impresión", el órgano constituyente "ya no existía, (...) por ende no es un gasto para su funcionamiento".

En el texto se consigna que fue el 21 de julio de 2022 cuando se dictó la resolución exenta Nº 664 suscrita por la subsecretaria Macarena Lobos, donde se autorizó "la contratación directa por un monto de $444.615.384" para "impresión y distribución del texto de la propuesta de nueva Constitución" al proveedor Sistemas Gráficos Quilicura S.A., lo que no fue licitado. 

De acuerdo al documento, esta acción "no se encuentra autorizada por la Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2022". Y agrega que "la Ley correspondiente (...) no autoriza la contratación (edición) de la impresión de libros", agregando que "los fondos (...) sólo pueden ser utilizado para el 'funcionamiento' de la CC".

El diputado Irarrázabal indicó al vespertino que "acá ha ocurrido un delito: se malversaron fondos públicos. Habiendo una prohibición expresa de imprimir, se mandó con urgencia y a un proveedor directo. Tres faltas en una".

"Ahora que la querella fue acogida a trámite, nosotros vamos a insistir y agotar todas las instancias, administrativas y penales, para exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en estos actos de intervención electoral e incorrecta utilización de recursos públicos", añadió el parlamentario republicano. 

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que abrió una causa penal. En esta línea, desde Segpres señalaron que "hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de información ni hemos sido notificados. Entendemos que, dada la decisión del tribunal, el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una investigación. Sin perjuicio de ello, desde el Ministerio reiteramos que los antecedentes han sido siempre de público conocimiento y expresamos nuestra completa disposición a exponer los antecedentes".