El Gobierno y la Fiscalía siguen "abusando" de la aplicación de la Ley Antiterrorista para imputar a indígenas mapuches sin las debidas garantías procesales, según Amnistía Internacional (AI).

En su informe anual, la ONG recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2014 que invocar la Ley Antiterrorista contra mapuches supone en algunos casos violar la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


La controvertida Ley Antiterrorista endurece las penas para los delitos, permite el uso de testigos protegidos, restringe el acceso a medidas cautelares y extiende los periodos de prisión preventiva.

AI enumera en su informe varios casos en los que esa legislación fue invocada en 2017 contra mapuches, como los 11 comuneros, incluida la machi Francisca Linconao, acusados de la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Los acusados estuvieron detenidos o en arresto domiciliario a la espera del juicio durante 18 meses y fueron absueltos en dos ocasiones, aunque el juicio se repetirá este año.

En septiembre pasado, señala AI, se lanzó la llamada Operación Huracán, que culminó con la detención de ocho líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) acusados de asociación ilícita terrorista por la quema de decenas de camiones.

Este caso dio un vuelco hace algunas semanas cuando la Fiscalía acusó a Carabineros de haber manipulado pruebas para inculpar a los mapuches, que fueron puestos en libertad.

Amnistía Internacional afirma que persisten las denuncias de "uso excesivo de la fuerza" por parte de la Policía, muchas veces enmarcado también en el conflicto mapuche.

En cuanto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, AI subraya que las víctimas siguen exigiendo "justicia, verdad y reparación".