El arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomalí, alzó la voz en torno a la discusión en la política para reabrir el debate por la pena de muerte.

Todo comenzó cuando la candidata Evelyn Matthei instaló el tema tras el homicidio a un matrimonio en Graneros, planteando que se debería discutir sobre la posibilidad de tener pena de muerte en Chile -que fue derogada en 2001-, para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Sin embargo, distintos personeros respondieron que dicha herramienta no es factible. Una de ellas fue Carolina Tohá, quien señaló que la pena de muerte “no ha hecho una diferencia en materia de seguridad”.

El cardenal envió una carta a El Mercurio, en la cual manifestó que quienes están de acuerdo con la medida argumentan que “es la única forma de defenderse de los criminales; que disuade a otros a que cometan el mismo delito; que es la forma de expiar los crímenes cometidos y de hacer justicia frente a hechos alevosos”.

Sin embargo, afirmó que “la Iglesia se suma a la tendencia mundial de abolir la pena de muerte. Francisco el año 2018 aprobó la siguiente nueva redacción del Catecismo en esta materia: ‘La Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona… y se compromete con determinación a su abolición en el mundo’ (CIC 2267″.

Asimismo, manifestó que “las conferencias episcopales de todo el mundo han hecho un llamado ferviente por la abolición de la pena de muerte como un grave, preciso y urgente deber del Estado”.

“Con la pena de muerte se agrega a un acto de violencia otro acto de violencia que, además de cruel, resulta inútil y el Estado va más allá de los límites que concede la legítima defensa de la sociedad y de los ciudadanos”, escribió el arzobispo.





A su juicio, este tipo de temas tan sensibles y dolorosos deben estudiarse “en sedes académicas de manera multifactorial y multidisciplinaria, y no al fragor de tiempos eleccionarios. Es muy peligroso cuando en una sociedad que se organiza según la lógica de un Estado de derecho, la fuerza de la razón ceda ante la razón de la fuerza”.

De ese modo, según dijo, lo que “realmente hay que impedir es que la persona que cometió un acto de violencia lo vuelva a repetir. Eliminar su vida es un acto que, también, puede tener connotaciones de venganza”.


Y añadió que es el primero en “reconocer que un delito grave que atenta en contra de la vida del inocente merece una pena severa, pero el Estado no puede dar la señal de que la violencia es un modo de resolver los conflictos en situaciones extremas. Es más, la pena de muerte genera más violencia porque la institucionaliza y no es una forma disuasiva, como muchos piensan”.

En esa misma línea, Chomalí expresó que la medida provoca desesperanza, ya que no hay “ninguna posibilidad de que el asesino se arrepienta, cambie y pague su culpa. Me parece que una sociedad que quiere crecer en humanidad no puede desestimar la capacidad de arrepentimiento, de dar y recibir perdón, de reparar y de volver a comenzar. Con la pena de muerte nada de ello es posible”.