El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó ayer una segunda ampliación de la querella criminal interpuesta en diciembre de 2018, y ampliada en enero de 2021, contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, dos funcionarios del municipio y quienes resulten responsables por los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno.

De acuerdo con los hechos individualizados en la presente ampliación, nuevos antecedentes incorporados a la investigación que desarrolla el Ministerio Público dan cuenta que el edil, durante el ejercicio de su cargo como concejal y, luego, como alcalde de la Municipalidad de San Ramón, habría obtenido un incremento patrimonial relevante e injustificado por la suma de $283.363.458 en el período comprendido entre febrero de 2012 y septiembre de 2017.

Lo anterior, conforme revelaron informes contables sobre los movimientos registrados en dos cuentas corrientes personales de Aguilera, que identifican montos por sobre sus remuneraciones efectuados mediante múltiples depósitos en efectivo por caja.

El presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Peribonio, subrayó que “tras estudiar y valorar los antecedentes que se han incorporado en la investigación penal, el Consejo ha ampliado su querella criminal contra el alcalde Miguel Ángel Aguilera y otros dos funcionarios por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y soborno, acción que se añade a las dos presentadas anteriormente por delitos de fraude al Fisco, designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal y negociación incompatible, contra el alcalde y otras personas, indistintamente; delitos de corrupción que van configurando una maraña de ilícitos que afectan gravemente la legalidad vigente, el patrimonio municipal e irrogan un daño profundo a la confianza de la ciudadanía en las Instituciones y en la rectitud y probidad con que deben actuar los funcionarios públicos”.

Adicionalmente, los hechos contenidos en la investigación indican que el edil habría aceptado beneficios económicos a su favor consistentes en pagos de dinero en efectivo depositados en su cuenta corriente por $9.900.000, $4.000.000 y $3.000.000 desde la cuenta bancaria de uno de los funcionarios querellados, por adjudicar dos contratos de licitación a la empresa Asesorías en Investigación Social Ltda., los que obtuvo mediante la infracción a los deberes de su cargo y a las obligaciones legales de la normativa aplicable.

De acuerdo con la ampliación de la querella presentada por el CDE, el mencionado funcionario, no sólo realizó transferencias al alcalde, sino que ofreció y dio a un segundo empleado municipal un beneficio económico en su provecho por actos propios del cargo que le correspondía ejercer como miembro del Programa de Mejoramiento de Barrios, en específico, como administrador de contrato o contraparte técnica en los proyectos “Paseo Peatonal La Bandera” y “Paseo Peatonal Almirante Latorre”, ambos adjudicados a la empresa en cuestión.

Por lo anterior, este funcionario, también querellado por el Consejo en la presente ampliación, habría recibido transferencias electrónicas que no le correspondía percibir por un total de $900.000, por realizar funciones propias de su cargo como la revisión de carpetas técnicas de la empresa adjudicataria, dar visto bueno o realizar observaciones, entre otras tareas.