Piñera, junto al ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, firmó este jueves un proyecto sobre Delitos Informáticos y anunció un Instructivo Presidencial de Ciberseguridad para el Estado.

La iniciativa busca establecer un marco regulatorio ante los hechos que últimamente han afectado, por ejemplo, a diversas instituciones financieras, como la filtración de datos personales de sus clientes.

El mandatario dijo que el proyecto y el instructivo "son parte de una política de ciberseguridad" que llevan adelante, junto con la medida de protección de datos personales que está en el Congreso y que le pondrán urgencia.

Algunas de las medidas que contempla el instructivo es la designación de un encargado de ciberseguridad de alto nivel en cada servicio del Estado, y la aplicación y actualización de la normativa técnica que existe.

También, aquellos servicios del Estado que cuenten con infraestructuras críticas de la información deberán trabajar en medidas internas, la revisión detallada de redes, sistemas y plataformas digitales de funcionamiento crítico, así como vigilancia y análisis del funcionamiento de la infraestructura tecnológica.

Además, propone la realización de reportes obligatorios de incidentes de ciberseguridad y la respuesta de los órganos de la administración a los problemas que se presenten.

En este caso, cada servicio deberá presentar una evaluación de riesgo, en un plazo de 60 días contados desde la dictación del instructivo, al nuevo Centro de Coordinación de Entidades de Gobierno.

Junto a esto, en un plazo de 120 días, deberá entregar un plan de acción a corto para mitigar tales riesgos. "Hoy vamos a dar un gran paso adelante", afirmó Piñera, pues señaló que la revolución tecnológica llegará y "tenemos dos opciones, o nos preparamos para subirnos a ella (...) o le damos la espalda con todo lo que eso significa".

 Piñera también firmó una Gobernanza Transitoria de Ciberseguridad, que será responsable de implementar las políticas y normas ad hoc, crear los centros de coordinación ante incidencias informáticas que ocurran en el sector público y privado.

Ésta tendrá a un coordinador dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien articulará el plan de acción para la implementación de dicha política.