Oh I'm just counting

¿Cohecho encubierto o desatado en Ley de Pesca? Tres diputados de derecha, entre ellos el controvertido Sergio Bobadilla (UDI) presentan 211 indicaciones idénticas y copiadas a informe de empresas del sector privado

Los diputados de Chile Vamos, Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI), ambos en la foto, y Bernardo Berger (RN) ingresaron indicaciones al proyecto que busca establecer una nueva Ley de Pesca, sin embargo, 211 de estas indicaciones fueron copiadas textualmente de un informe presentado por la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca). 

Según informó Ciper, el 76% del paquete de indicaciones ingresado por los diputados de Chile Vamos corresponden al documento titulado “Informe técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21” que presentó en la Comisión de Pesca el 2 de mayo la propia sociedad que agrupa a empresas pesqueras.

Recordemos que la Ley de Pesca busca ser reemplazada por una nueva, ya que la anterior presentó situaciones similares que terminaron con el exsenador de la UDI Jaime Orpis condenado por cohecho y fraude al fisco, y con el exgerente general de Corpesca Francisco Mujica con pena remitida por delitos tributarios. 

Orpis fue condenado por haber recibido 230 millones de pesos para favorecer a la empresa en el proceso de elaboración de la Ley de Pesca que posteriormente fue aprobada. Aquel caso en el que estuvieron acusados también otros parlamentarios se conoció como el “Caso Corpesca".

Luego que se conocieran estos antecedentes, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó suspender la tramitación de la nueva Ley de Pesca por una semana para aclarar estos hechos. 

El informe de Ciper

CIPER señala en su informe que revisó las indicaciones que se presentaron y comprobó que el 76% del paquete patrocinado por los diputados Sergio Bobadilla (UDI), Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (ind-RN) son un copy paste de un informe que la gremial empresarial Sonapesca puso a disposición de la Comisión el pasado 2 de mayo, titulado “Informe Técnico Jurídico sobre el proyecto Ley de Pesca 16500-21”. 

Tal como se indicó al comienzo de la sesión que se celebró cuatro días después, la gremial –que agrupa a 11 asociaciones pesqueras a lo largo del país– encargó la confección de ese análisis a la consultora Acuiestudios, que en más de 200 páginas desmenuzó la propuesta del gobierno y planteó cambios a la mayoría de sus artículos. Una de las autoras del informe fue la abogada Jéssica Fuentes, exfuncionaria de Subsecretaría de Pesca durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se gestó la controvertida ley anterior.

En total, los diputados Bobadilla, Moreira y Berger, presentaron 276 indicaciones. De ellas, 211 son exactamente iguales a las de Sonapesca y otras 41 presentan leves diferencias de redacción con el documento de la gremial. Inicialmente, las indicaciones también llevaban la firma del diputado Eric Aedo (DC), pero, según señaló a CIPER, poco después de suscribirlas decidió retirarles su apoyo.

Uno de los diputados que presentaron las propuestas de cambio, Sergio Bobadilla, es un nombre conocido para la industria. Es expresidente de la UDI en la Región del Biobío también se vio involucrado en el proceso anterior, cuando fue citado a declarar en 2019 por su relación con Asipes (la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío), luego de que el Ministerio Público detectara que entre 2014 y 2016 esa agrupación empresarial desembolsó $26 millones a una consultora dirigida por Bobadilla, quien en esa época no era diputado. Había integrado la Cámara hasta 2014 y luego volvió a ocupar un escaño en 2018.

Aunque los diputados y senadores suelen recoger propuestas de empresas, asociaciones gremiales, federaciones y expertos durante los debates legislativos, para luego presentarlas como indicaciones, fuentes de la comisión dijeron a CIPER que este caso escapa de la norma debido al alto número de sugerencias copiadas a Sonapesca. 

El contexto también juega un rol importante, pues se trata de una discusión que pretende evitar los vicios que mancharon a la última Ley de Pesca que se tramitó en el Congreso. Ese proceso es recordado, entre otras cosas, porque quedó en evidencia que algunas pesqueras mantuvieron opacos nexos con parlamentarios para que promovieran artículos que las beneficiaban y porque fue el punto de partida de un juicio que condenó con pena de cárcel al exsenador Orpis, quien se encuentra en libertad desde 2023. 

Si bien no hay señales de alerta de esa magnitud en la nueva discusión, de la Comisión de Pesca sostienen que las semejanzas entre el documento de Sonapesca y las indicaciones de los tres diputados demuestran que habrá que prestar mucha atención a la influencia que ejercerán los distintos actores involucrados en el debate. 

Algunas de las indicaciones extraídas desde el informe de la gremial empresarial afectan directamente a la pesca artesanal. Otras, buscan impedir que la reincidencia en comercializar o almacenar especies vedadas sea castigada con presidio menor en su grado mínimo, como propone el proyecto del gobierno (vea subtítulo subsiguiente). 

Sonapesca se ubica en lo más alto del sector privado: reúne a asociaciones como Asipnor (zona norte), Asipes (Biobío) y Fipes (sur austral), y cada una de ellas representa los intereses de empresas como Corpesca, Blumar y Friosur, respectivamente. En suma, bajo el paraguas de Sonapesca hay cerca de 100 compañías pesqueras.

La asociación es presidida actualmente por Osciel Velásquez, dueño de una pyme de extracción de camarones y langostinos. Ese cargo lo ocupó anteriormente Rodrigo Sarquis Said, director de Blumar –empresa que estuvo en el radar de la justicia por financiar ilegalmente campañas políticas—y primo del exalcalde UDI Pablo Zalaquett, quien se desempeña como lobista de la misma compañía. Sarquis fue uno de los asistentes a las comidas que organizó Zalaquett con empresarios y ministros en 2023, reveladas por CIPER, que no fueron consignadas en el registro público de lobby.


HABLAN LOS DIPUTADOS Y SONAPESCA
Originalmente, el documento que presentaron los parlamentarios incluía la firma de Eric Aedo (DC), quien se bajó del acuerdo poco tiempo después de suscribirlo. El diputado afirmó a CIPER que retiró su apoyo luego de que su equipo de asesores revisara la calidad técnica de la propuesta y de que se enterara de un “rumor” sobre el origen de esas indicaciones:

– Mi colega (Sergio) Bobadilla me invitó a suscribir esas indicaciones en apoyo de la pesca industrial y artesanal del Biobío y yo accedí. Pero, después, mi equipo de asesores revisó el contenido y decidimos retirar mi firma porque no nos gustaron algunas. Además, me enteré del rumor de que esas indicaciones andaban dando vueltas en minutas de sindicatos y agrupaciones, y yo no me presto para eso. Hace aproximadamente diez días que comuniqué a la comisión que no las apoyaría y que retiraba mi firma.

CIPER corroboró con la Cámara de Diputados que Aedo ya no forma parte del grupo que puja por esas indicaciones.

El diputado Sergio Bobadilla, aludido en la respuesta anterior, contestó que “efectivamente, los diputados Moreira, Aedo, Berger y yo, presentamos un paquete de indicaciones”. Agregó que, “tal como se hizo saber a los diputados que firmaron”, estas propuestas “en gran parte recogían” las emanadas de Sonapesca.

El parlamentario UDI –que comparte distrito con Aedo– también sostuvo que se inspiraron en el informe de la gremial, “considerando que las propuestas elaboradas por organizaciones, asociaciones o expertos no pueden ser consideradas como indicaciones” durante el debate legislativo. Añadió que “los parlamentarios no hacemos más que recoger, luego de hacer un acabado análisis del informe, las indicaciones con las que se sienten representados” (vea su respuesta completa).

Parte de estos argumentos fueron replicados por el diputado Bernardo Berger, quien dijo a CIPER que “el origen de las indicaciones tiene que ver con el levantamiento de las observaciones efectuadas por parte de las personas, agrupaciones, asociaciones y otros afines al sector pesquero (…) Así, principalmente se tuvo a la vista las apreciaciones efectuadas por el informe técnico jurídico realizado por Acuiestudios” y de federaciones de pescadores (vea su respuesta completa).

Por su parte, Sonapesca afirmó que el informe también fue enviado al Ministerio de Economía, a través de la Subsecretaría de Pesca, quienes “también consideraron algunas recomendaciones y presentaron indicaciones extraídas del mencionado estudio”.

Respecto de las indicaciones presentadas por Bobadilla, Moreira y Berger, la gremial sostuvo que “nos parece obvio que parlamentarios de la comisión les haga sentido observaciones de un estudio ingresado a la Comisión y hayan patrocinado esas propuestas como indicaciones, ya que la propuesta de ley sufre de importantes falencias de forma y técnica legislativa y severos defectos estructurales”.

El diputado Moreira contestó a través del equipo de comunicaciones de la bancada que no contestaría las consultas enviadas para este artículo para CIPER.