Corfo y Soquimich llegaron a un histórico pacto y acuerdo que pone fin a la disputa de los contratos de arrendamiento y cuantiosos proyectos relacionados a la explotación del litio desde el Salar de Atacama.

 

Entre los acuerdos alcanzados por ambas partes, y tras mediación legal dirigida por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, se cuentan los siguientes:

 

- Omisión del ejercicio de control en la empresa minera no metálica por parte de Julio Ponce Lerou, máximo accionista.

- Opción de explotar el salar de Maricunga.

- Que la Corfo le pida a Soquimich la evaluación de un proyecto que se haga por la constitución de una sociedad con una empresa estatal.

- Si SQM pierde la explotación del salar cuando se termine el contrato en 2030 se deberán comprar las últimas inversiones que tenga que hacer la empresa para llegar a su punto máximo de extracción.

- SQM debe pagar por única vez la suma de 17,5 millones de dólares más intereses.

 

Las reacciones tras la operación no tienen medias tintas. O son de aprobación o de rechazo. Por las primeras, Eduardo Bitrán, vicepresidente ejecutivo de Corfo, señaló que el acuerdo “permitirá a Chile expandir significativamente la oferta de litio, facilitando el desarrollo mundial de la electromovilidad y con el consiguiente efecto positivo en la industria del cobre baja en emisiones de CO2”.

 

 

Por las segundas está Morgan Stanley, entidad financiera estadounidense, que expresó que el pacto entre Corfo y SQM será negativo para las acciones de los productores de litio y crea un significativo riesgo a la baja para los precios a medida que la compañía chilena “recupere agresivamente la participación del mercado a partir de 2020 y podrá cuadruplicar su capacidad para 2025”, explicó el analista Javier Martínez de Olcoz.

 

 

Mientras la Contraloría toma razón del acuerdo en cuestión, los efectos políticos mezclan cautela, crítica e ironía.

 

Carlos Montes, senador PS, declaró a Cambio21 que “lo que ha hecho la Corfo es tratar de recuperar su influencia en el litio; la forma de producirlo y expandirlo y a partir de eso construir más acuerdos”.

 

“Lo único que sé es que se busca aumentar las metas de producción superiores a las que tenía, pero bajo un conjunto de condiciones bastante más estrictas, entre las que se cuentan que Ponce Lerou deje de ser el controlador”, agregó.

 

 

A la inversa, el abogado y exdiputado DC Hernán Bosselin manifestó a este medio que “la posición que debió haber tomado el Estado era expropiar SQM por una razón de interés nacional, que es no permitir que ninguna empresa ni ejecutivo en el país vuelvan a cometer los hechos ilícitos cometidos que involucraron a miembros del Congreso Nacional, los que se conocieron en los últimos años a través de la prensa”.

 

“Desgraciadamente esta postura no fue recogida por el mundo político, léase diputados, senadores y partidos políticos, lo que hicieron bajo el predicamento de la famosa frase: ‘dejar que las instituciones funcionen’. En consecuencia, que estas cosas las resuelvan el Ministerio Público y el Poder Judicial, cuando no es menos cierto que al tratarse de situaciones que comprometían al Parlamento tenía que haber una posición política firme y decidida”, ahondó.

 

 

Por último, el senador y excandidato presidencial Alejandro Navarro (País) afirmó que “si iba a existir un acuerdo de este gobierno con Julio Ponce Lerou y Soquimich tenía que ser trasparente, abierto y con una amplia difusión. Pero aquí se ha hecho todo a puertas cerradas, ocultos en el silencio y a espaldas de la ciudadanía mientras la visita del Papa se lleva toda la atención mediática”.

 

“El argumento de Corfo sobre que Ponce Lerou dejará la administración es engañoso, ya que mantendrá completamente la propiedad en la minera. Eso no lo dicen, ni menos que el exyerno de Pinochet podría traspasar esos derechos a China, país que sería finalmente el que usufructúe de nuestras riquezas naturales estratégicas”, alegó.