El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió al Protocolo de Acuerdo alcanzado en el marco de la negociación del reajuste salarial del sector público.

En concreto, el reajuste general total es de 3,4%, parcelado en un incremento de 2,0% a partir del 1 de diciembre de 2025 y de 1,4% desde el 1 de junio de 2026.

Entre los puntos que resolvió la negociación, uno de los que generó mayor controversia fue la incorporación de una norma que restringe los despidos en un contexto de cambio de administración.

Cabe destacar que dicha norma debe ser remitida a la Contraloría General de la República (CGR).

“Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura, y no creo que le convenga eso”, expuso Squella en La Segunda.

En esa línea, complementó que, tras el resultado del balotaje, al día siguiente se realizó una reunión entre el presidente electo, José Antonio Kast, y el jefe de Estado, Gabriel Boric, instancia en la que se observó una administración preocupada de colaborar con el gobierno entrante.

No obstante, sostuvo: “Ahora, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales. Si esto se traduce también en acelerar nombramientos u otras definiciones que, en rigor, le corresponderían al nuevo Gobierno, se configuraría un escenario que nadie quiere”.

La polémica escaló al comando del presidente electo Kast

El protocolo considera un alza salarial a partir del 1° de diciembre de 2025 de un 2% y una adicional desde el 1° de junio de 2026, de 1,4%, constituyendo la secuencia descrita un reajuste total de 3,4%, lo que implica un 0% de aumento real, puesto que la inflación a noviembre alcanzó esa misma variación en doce meses.

También se estableció que los Aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias, Bono de Escolaridad y Bonificación Adicional de Escolaridad y Bono de Vacaciones se reajustarán en 3,4% y ascenderán a los valores que se indican en el anexo del protocolo. Por su parte, las remuneraciones mínimas establecidas en el artículo 21 de la ley N° 19.429 se reajustarán en 5%.

Pero al final del protocolo se establecieron disposiciones que restringirían el despido futuro de funcionarios, justo antes del cambio de gobierno, y en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público.

Una primera norma dispone que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Asimismo, se establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas conforme al artículo 160 de la ley N° 18.834 o al artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá 2 abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Y se agrega una segunda norma que regula “al personal que preste asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, delegados Presidenciales, Seremi y jefes superiores de servicios designados por el Presidente; respecto a su modalidad de contratación, causales de cese, límites a su número y remuneraciones, inhabilidades, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación”.

Si bien la primera reacción en contra se produjo el mismo miércoles por parte de algunos diputados de oposición, este jueves la polémica escaló al comando del presidente electo José Antonio Kast.

Agustín Romero, diputado del partido Republicano, quien afirmó que “esas normas exceden completamente el objetivo de una ley de reajuste. Se introducen reglas sobre la no renovación de honorarios y sobre la estructura y funcionamiento de los gabinetes, materias que claramente son abusivas, porque intentan condicionar la gestión del próximo gobierno”. Para Romero, “esto no es un reajuste salarial, es un fraude que intenta rigidizar la administración pública por la vía de una ley transitoria, cuyo objetivo es mantener infiltrado al Estado con sus operadores políticos”.

Desde Demócratas, la senadora Ximena Rincón, también arremetió contra la medida: “Va contra toda lógica jurídica y democrática”.

En la UDI, los diputados volvieron a criticar la propuesta: “La Contraloría ya había establecido que las demandas debían ser resueltas por los tribunales de justicia y la Corte Suprema definió en cinco años el reconocimiento de la ‘confianza legítima’. Pero resulta que ahora el Ejecutivo pretende rebajar ese plazo a dos años y, además, forzar al organismo a resolver estos casos, pasando por alto los criterios establecidos”.

Para la UDI, “todo ello demuestra una intención evidente por asegurar la permanencia en el Estado de las personas vinculadas políticamente a ellos”, señalaron los legisladores.

Por lo mismo, anunciaron que rechazarán dichas normas durante la tramitación del proyecto, asegurando que “no vamos a estar disponibles para burlar la institucionalidad y utilizar el reajuste al sector público para que transformen al Estado en un refugio para operadores políticos”.