La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) recibió la instrucción de la Fiscalía para solicitar a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI) la entrega de las cartolas de sus cuentas bancarias.

Según reveló Ciper, la diligencia tiene por objeto la pesquisa de todos los movimientos bancarios de la exalcaldesa en los años 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Esto, en medio de la indagatoria que lleva la Fiscalía en su contra por fraude al Fisco, que inició con la querella presentada por la actual jefa comunal, Macarena Ripamonti.

En concreto, la querella presentada por Ripamonti, denuncia la entrega de millonarios finiquitos a tres funcionarios municipales bajo la administración de Reginato: Claudio Boisier, Patricia Colarte y Rodrigo Macuada.

Boisier, exgerente general de la Corporación Municipal de Viña del Mar entre 2009 y 2018, fue indemnizado con $77 millones tras su renuncia al cargo. Posteriormente, fue designado como administrador municipal.

Por otra parte, Macuada -administrador del cementerio Santa Inés de Viña del Mar desde 1992- recibió en 2019 casi $60 millones por concepto de haberes, luego del término de su contrato por “necesidades de la empresa”. No obstante, según consignó Ciper, la querella estima que el despido de Macuada se debía efectuar bajo la “causal del artículo 160 Nº7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, y no por “necesidades de la empresa”.

Colarte, en tanto, recibió alrededor de $21 millones tras renunciar a su puesto de directora de Educación de la Corporación Municipal, cargo que ejerció entre 2004 y 2010.

Tras su prolongado paso por la alcaldía de Viña del Mar -16 años y medio- Reginato fue elegida como concejala de la comuna en 2021. Se mantuvo poco más de dos semanas en el cargo, ya que fue inhabilitada por cinco años para ejercer cargos públicos. Esto, a causa del notable abandono de deberes mientras era alcaldesa, según constató el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel). La Contraloría General de la República detectó que el perjuicio en las arcas del municipio sobrepasaba los $17 mil millones.