El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió presentar querellas criminales en el marco de las investigaciones penales relativas a la Fundación Democracia Viva y respecto del denominado caso Audio.

En el caso de la fundación, el órgano decidió ampliar su querella criminal contra la diputada Catalina Pérez, ex presidenta de Revolución Demócratica y luego militante del Frente Amplio, por su participación en calidad de cómplice del delito de fraude al Fisco.

Asimismo, se decidió la participación del CDE en la audiencia de desafuero de la legisladora fijada para febrero próximo.

Fue en diciembre del año pasado cuando la Fiscalía Regional de Antofagasta decidió solicitar el desafuero de la parlamentaria, la que declarada admisible por el Pleno de la Corte de Apelaciones de esa región.

Desde un inicio la diputada ha sido cuestionada por su rol y grado de conocimiento en las irregularidades cometidas en el traspaso de más de $400 millones hacia la organización, esto porque el líder de la fundación, Daniel Andrade, era su pareja en ese entonces. Además, el encargado de la repartición del Ministerio de Vivienda, quien autorizó el monto, fue Carlos Contreras, que se desempeñó como su jefe de gabinete.

En cuanto al caso en que se investiga al suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, la acción penal se dirige contra este por su responsabilidad en la divulgación de información relativa a la divulgación de antecedentes protegidos por el secreto que establece el artículo 38 de la Ley 20.000, sobre tráfico de drogas.

El persecutor fue apartado de sus funciones en septiembre de 2024, por los chats que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla mientras concursaba por la carrera de la Fiscalía Nacional.

Actualmente, está siendo indagado penalmente por dos hechos: omisión de denuncia, en el marco de las conversaciones que mantuvo con Gonzalo Migueles –pareja de la exministra de la Corte Suprema, Angela Vivanco– en medio de su postulación para liderar el Ministerio Público y por presunta violación de secreto debido a la entrega de información a Hermosilla en una causa por tráfico de drogas que estaba en su fiscalía.

Según se informó desde el CDE, ambas decisiones -sobre Pérez y Palma- se fundan en los antecedentes que, a la fecha, se han tenido a la vista de las carpetas investigativas en cada caso