La Cámara de Diputadas y Diputados realizó este lunes el sorteo oficial para definir a los cinco parlamentarios que integrarán la comisión revisora de la acusación constitucional presentada contra el ministro de Justicia Fernando Rabat.
Integrantes comisión revisora
Carlos Chandía (RN)
Lorena Pizarro (PC)
Germán Verdugo (libertario)
Raúl Soto (PPD)
Lorena Fríes (FA)
La acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, plantea tres capítulos de infracciones. El primero apunta a las rebajas de condena concedidas a agresores sexuales de niños, niñas y adolescentes.
Según el documento, el ministro habría otorgado beneficios que la Ley 21.421 prohíbe expresamente, modificando un criterio que se había aplicado desde 2022. También se le acusa de no considerar el interés superior de los menores, no informar ni escuchar a las víctimas, extender a otros casos los efectos de fallos judiciales particulares y suspender la tramitación de solicitudes que debía resolver. La minuta señala que se habrían concedido 56 rebajas entre junio y septiembre de 2026.
El segundo capítulo se refiere a las rebajas de condena otorgadas a tres exagentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad, quienes quedaron en libertad. La acusación sostiene que Rabat aplicó únicamente la Ley 19.856 y omitió considerar las exigencias de los tratados internacionales de derechos humanos, que obligan a evaluar aspectos como la colaboración con la justicia, el reconocimiento de los hechos, la reparación a las víctimas y los efectos de la liberación.
También cuestiona que no se ponderara la gravedad de los delitos ni la situación de las familias de detenidos desaparecidos, particularmente si los condenados habían contribuido a esclarecer el paradero de las víctimas. Además, acusa al ministro de apartarse sin explicación de criterios que el propio Ministerio de Justicia había aplicado anteriormente.
El tercer capítulo acusa al ministro de entregar información inexacta e incompleta al Congreso, durante sus intervenciones ante la Comisión de Constitución del Senado, el 27 de octubre, y la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, el 28 de octubre. Según la acusación, Rabat habría atribuido las decisiones de rebaja a las comisiones técnicas y a supuestas obligaciones impuestas por la Corte Suprema, señalando que el Ministerio solo formalizaba lo resuelto por esas instancias.
También se le reprocha haber presentado como comparable un decreto de una administración anterior que, según el documento, correspondía a un caso distinto. Estas actuaciones configurarían una infracción al principio de probidad, al deber de lealtad entre los poderes del Estado y a la obligación constitucional de entregar información veraz durante las instancias de fiscalización parlamentaria.
