El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, en conversación con El Diario de Cooperativa, sostuvo que es necesario determinar si las nuevas funciones que tendrán las FFAA - combatir narcotráfico en la frontera- están acogidas en la ley, pese a que el Gobierno retiró el decreto este lunes .

"Es un decreto supremo y tenemos que ver si esas facultades, esas funciones que van a desempeñar las Fuerzas Armadas están o no amparadas por nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la tarea que tenemos que cumplir en este rol de control que estamos realizando", dijo Bermúdez.

"Es un procedimiento normal cuando se ingresa un decreto supremo y sobre todo si es un decreto complejo como en este caso. Quien lo emite, en este caso el Ministerio de Defensa, quiera luego de un tiempo hacerle precisiones, hacer aclaraciones y por lo tanto tiene la opción de retirarlo y volver a ingresarlo", añadió.

Bermudez detalló que "el decreto usa una expresión que se denomina 'colaboración'. Esa es una expresión que habitualmente no se utiliza en una disposición, entonces era necesario de aclarar qué significa colaborar. Y en segundo lugar, el ejercicio de ciertas facultades en un área que para nuestro país es sensible. Para nosotros era necesaria esta aclaración". 

Además, la autoridad reguladora dijo que el trabajo que realizará el organismo que dirige también establecerá si este cambio en las facultades de los militares se debe hacer mediante una ley y no por decreto.

Asimismo, explicó de todos modos que la solicitud de precisiones es un procedimiento normal en torno a los decretos supremos.

"Hemos recibido varias presentaciones, sobre todo de parlamentarios, bastante fundadas, por lo tanto, de acuerdo a nuestra propia ley orgánica, tenemos que tener especial cuidado cuando estas presentaciones son de parlamentarios y eso significa que tenemos que tener un ojo mucho más estricto respecto de este decreto. Por eso se pidieron estas precisiones", detalló.

Investigación por fallido trasplante

Por otro lado, Bermúdez confirmó una investigación sobre el fallido trasplante de órganos en La Araucanía para determinar si hubo fallas administrativas en el proceso.

"Determinar si funcionaron los protocolos que están establecidos en esta materia, en segundo lugar, si puede haber alguna responsabilidad administrativa, que es lo que le corresponde determinar a la Contraloría", sostuvo.

"Por eso iniciamos, a partir también de denuncias que incluso se hicieron por redes sociales a la Contraloría, iniciamos una investigación para determinar esos dos aspectos de este hecho tan lamentable", concluyó.