Un juicio de cuentas y el envío de los antecedentes al Ministerio Público fue parte de las acciones que tomó la Contraloría General de la República tras realizar una auditoría a la Corporación Municipal de Valparaíso (Cormuval), a cargo del alcalde Jorge Sharp, tras detectar el mal uso de cerca de $931 millones de subvenciones escolares.

En el extenso informe elaborado por el organismo fiscalizador, se indicó que la investigación abarcó el tiempo entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2019, determinando entre otras cosas que “al interior del Liceo Técnico de Valparaíso y el Liceo María Luisa Bombal, operaron “áreas productivas” independientes de los talleres de las especialidades técnicas que imparten dichos liceos, cuyo objetivo fue la elaboración y comercialización de distintos bienes de consumo, así como la prestación de servicios de coctelería y fotocopiado, los cuales fueron vendidos a la propia Cormuval y a particulares”.

Además agregó que “producto de esas operaciones, los citados establecimientos percibieron ingresos por $490.649.302, lo que se enmarcó en el desarrollo de actividades comerciales no previstas en la ley, ajenas a la finalidad pública pedagógica” de dicha corporación.

En tanto, también se comprobó que los alumnos de los liceos prestaron servicios de coctelería a la propia corporación y a privados, sin que contaran con los permisos expresos para realizar tales labores. Por esta situación, se remitieron los antecedentes a la Defensoría de la Niñez.

Mientras que en el ámbito laboral, se logró identificar el pago de “remuneraciones por $516.801.420 a 21 trabajadores que ocuparon parte o el total de su jornada de trabajo para cumplir labores relacionadas con el funcionamiento de las citadas “áreas productivas”, los cuales resultan improcedentes”.

Estas irregularidades y otras, fueron informadas además del Ministerio Público, al diputado Andrés Celis, al Servicio de Impuestos Internos y a la Seremi de Educación de Valparaíso, entre otros organismos.