A través de dos informes de 127 páginas en total, la Contraloría General de la República reprochó las contrataciones de Fares Jadue Leiva (PC), recién asumido alcalde de Recoleta, en las municipalidades de La Cisterna y de Macul.

Se trata de un cuestionamiento que investigó el canal Mega y que llega el mismo día en que el militante comunista asumió como nuevo jefe comunal, en una ceremonia en la que emitió un discurso que incluyó gestos para el otrora alcalde Daniel Jadue, quien permanece con arresto domiciliario.

Los reproches del ente fiscalizador apuntan a incumplimientos relacionados con los contratos que suscribió Fares Jadue entre 2021 y 2024 cuando era concejal, con los municipios liderados por Joel Olmos (Acción Humanista) y Gonzalo Montoya (independiente) para prestar servicio de asesorías en diversos ámbitos y programas.

Entre las infracciones detectadas por la Contraloría está el reporte de informes incompletos, que impiden constatar el efectivo desempeño de sus funciones; el uso de “copy paste” para completar los reportes mensuales sobre actividades; y un conflicto de interés con una funcionaria de la Municipalidad de La Cisterna, que debía visar el cumplimiento de las labores de Jadue.

Debido a los hallazgos, la Contraloría instruyó un sumario administrativo y un procedimiento disciplinario para esclarecer responsabilidades en torno a los incumplimientos. Además, formulará reparos por gastos no acreditados relacionados al pago total que recibió Jadue tanto en Macul como La Cisterna, que llegan a los $66.551.358 y $34.938.642, respectivamente. según consigna Meganoticias.

La resolución llega como un balde de agua fría tanto para el ex alcalde de Macul como para el actual jefe comunal de La Cisterna, quien tuvo una férrea defensa sobre la contratación del militante comunista, tras los cuestionamientos por el trabajo desempeñado.

“Yo vi la calidad del trabajo realizado y eso tiene un nivel profesional ajustado a lo que se pedía”, señaló el exjefe comunal.

Los problemas en La Cisterna
Durante dos años, específicamente entre 2021 y 2023, prestó servicios a honorario el militante comunista al municipio liderado por Joel Olmos. Su rol era asesorar en programas sociales, primero en la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), y luego en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). Sin embargo, su paso laboral comenzó a ser cuestionado por la propia Dirección de Control de La Cisterna.

Los reproches apuntaban principalmente al contenido de los informes que debía entregar Jadue para justificar el pago de sus remuneraciones, los que fueron analizados por la Contraloría desde diciembre de 2023, cuando el organismo recibió la primera alerta desde la Dirección de Control.

Uno de los primeros hallazgos del ente fiscalizador en el marco de esta indagación fue un conflicto de interés entre una funcionaria de La Cisterna, quien en su rol de unidad técnica “dio su conformidad con las labores desarrolladas por el prestador señor Fares Jadue Leiva”.

Según el ente fiscalizador, la funcionaria debía inhabilitarse, puesto que en el pasado tuvo un vínculo societario con el militante comunista, además de haber ejercido en la Municipalidad de Recoleta como asesora del director de Desarrollo Comunitario (Dideco), durante el período en que Jadue ostentaba ese cargo.

Seguidamente, la Contraloría observó que la Municipalidad de La Cisterna pagara $34.938.642 brutos en total, pese a que las tareas que Jadue informaba “no se condecían con los objetivos establecidos en los respectivos contratos”. Por esa razón, el ente fiscalizador definió formular un reparo por la cantidad de dinero pagada.

Otro de los aspectos reprochados en el marco de la contratación de Fares Jadue fue el atraso en la entrega de los informes que debía enviar para recibir su remuneración mensual. Este punto fue cuestionado por la Dirección de Control, puesto que el actual alcalde de Recoleta había presentado los reportes correspondientes desde abril a octubre de 2023 en noviembre, lo que contravenía lo establecido en el contrato.

Sobre eso, la Contraloría precisó que se trató de un retraso de 204 días corridos, e instruyó un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas relacionadas a este punto.

Por último, se cuestionó que los cometidos descritos en el contrato entre Jadue y La Cisterna “no fueron específicos, puntuales ni circunscritos a un objetivo determinado”; mientras que tampoco se le exigió al militante comunista incluir la entrega de su declaración jurada que incluyera otras contrataciones con entidades públicas, lo que se agrava pues durante ese mismo período prestaba servicios en la Municipalidad de Macul.

Los contratos en Macul
El caso de Macul, la otra comuna de la Región Metropolitana donde Fares Jadue prestó servicios a honorarios, es similar a La Cisterna.

El entonces concejal del PC llegó como honorario para asesorar en distintas materias al municipio, pero principalmente al alcalde de ese entonces, Gonzalo Montoya. Firmó diversos contratos y, para recibir su remuneración, debía presentar mes a mes informes con el reporte de sus labores.

Sin embargo, según la revisión de la Contraloría, dichos informes entregados por Jadue entre abril de 2022 y junio de 2024 -correspondientes a 27 decretos de pago por un total bruto de $66.551.358- “no se encuentran respaldados con la totalidad de los antecedentes que permitan determinar si se dio cumplimiento al desempeño efectivo de las funciones encomendadas”.

En específico, el ente fiscalizador asegura que en aquellos reportes mensuales “sólo se acompañan las boletas de honorarios e informes de las labores ejecutadas visadas por la administración municipal y oficios ordinarios de solicitud de pago de esa unidad técnica”. Ante esa situación, la Contraloría formulará un reparo por gastos no acreditados, relacionados a los $66 millones que la Municipalidad de Macul le pagó a Jadue.

Asimismo, y al igual que en La Cisterna, se constató que en los siete contratos suscritos por el militante comunista sus funciones se describen de forma genérica, por lo que se instruirá un procedimiento disciplinario para esclarecer responsabilidades.

En ese mismo sumario, además, se incluirá la revisión sobre los informes de actividades mensuales que presentó Jadue en Macul. Esto, pues la Contraloría detectó que en ellos “se describe la realización de las mismas tareas por hasta 30 meses de forma similar y reiterativa”, lo que evidencia una falta de control y supervisión por parte de la administración municipal.

Finalmente, el ente fiscalizador también cuestionó el pago de $6.779.664 a Fares Jadue, por la realización de actividades vinculadas a la Convención Constitucional, específicamente para el levantamiento y sistematización de contenidos. Según la Contraloría, aquellas labores "no se relacionan con el cometido por el que fue contratado”.

Los involucrados en esta investigación -Jadue y las municipalidades de La Cisterna y Macul- fueron notificados este viernes sobre las resoluciones de la Contraloría, y deberán adoptar las medidas instruidas por el ente fiscalizador para evitar nuevos incumpliminentos en futuros contratos.