La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en los Gobiernos Regionales (GORE) de Tarapacá, Antofagasta, Metropolitano, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes, tras auditar sus gastos y transferencias al sector privado entre enero y septiembre de 2024.

En todos los casos, la entidad iniciará sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
En el caso del Gobierno Regional Metropolitano, se observó el pago de más de $31 millones por asesorías vinculadas a temas electorales, en vez del coaching institucional contratado.

Además, se cuestionaron contrataciones por trato directo por más de $200 millones, sin respaldo suficiente sobre cumplimiento contractual ni idoneidad de los proveedores.

En Tarapacá, se detectó mal uso de redes institucionales para beneficiar a candidatos, además de pagos improcedentes por más de $7 millones. En Antofagasta, el saldo pendiente de rendición supera los $4.200 millones desde 2021.

La Araucanía destinó casi $50 millones a una asesoría que incluía evaluación ciudadana del gobernador regional y a través de un trato directo sin justificación suficiente contrató al proveedor Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA., por un monto de $69.537.672. También la Contraloría estableció que se autorizó bajo la modalidad de trato directo a la firma de abogados denominada Asesorías Silva y Compañía Limitada, por 400 UF, para la defensa de intereses institucionales, "advirtiéndose que de cuatro informes que debía entregar dicha empresa como parte de sus obligaciones, a la fecha solo se ha pagado la primera cuota en razón a la entrega del primer informe, sin que se hayan establecido multas por atraso en los plazos establecidos".

En Los Ríos, dijo la Contraloría hay rendiciones pendientes por recursos transferidos que superan los $16.500 millones, algunas desde 2015, y se detectaron que pagos en viáticos a 17 personas funcionarias por $5.588.059 estaban vinculados a sus labores habituales, además de mal uso de vehículos fiscales.

En Magallanes, se pagaron servicios ligados a la imagen del gobernador regional y se observaron deficiencias en informes de honorarios y consumo excesivo de combustible.