Los partidos del bloque Convergencia Progresista presentaron este viernes un plan económico y social para enfrentar los efectos que generará en el país la crisis sanitaria del coronavirus, subrayando la necesidad de incrementar el gasto social para financiar la ayuda hacia las personas que se verán afectadas por el avance de la pandemia.

En el documento,los presidentes del PS, PPD y PR subrayaron que "el momento que vive el país requiere amplia colaboración entre todas las chilenas y chilenos, sus representantes y autoridades, para salvaguardar la vida y el bienestar de todas y todos. Lo más relevante hoy, es la forma en la cual se enfrentará esta pandemia y sus consecuencias".

En esa línea, aseguraron que "el impacto económico de la crisis sanitaria que vivimos será una recesión; no sólo en Chile, sino a nivel global, la mayor desde la segunda guerra mundial. Para enfrentar esta difícil situación, se necesita un plan fiscal proactivo y de la envergadura que la profundidad de la crisis demanda".

A juicio de esas colectividades "Chile puede llevar a cabo este plan, por sus ahorros y condiciones para endeudarse. Hoy es cuando debemos ocupar de manera enérgica e incluso agresiva nuestra capacidad fiscal. Son estos los momentos en que el Estado debe hacer el mayor de sus esfuerzos para proteger a todas las personas".

En ese contexto, plantearon que "las medidas anunciadas hasta hoy por el gobierno son un paso positivo, pero completamente insuficiente, tanto para dar ese respaldo significativo que necesitan las personas, como para evitar la fuerte caída en la actividad económica".

"El programa de protección presentado hasta ahora es incompleto, tanto para los trabajadores dependientes como para los trabajadores por cuenta propia. La realidad es que de los casi US$12 mil millones anunciados, sólo 4.500 son gasto real. O sea, un 1,5% del PIB", lamentaron. Por ello, advirtieron que "estamos ante una crisis de las que ocurre una o dos veces en el siglo, por lo cual hay que actuar con decisión. Perfectamente se puede llegar a un 5% del PIB, en el entendido que esos recursos no son sólo gasto fiscal, sino que también garantías, para que la economía y en particular el sistema crediticio, funcionen".