Marcela Mardones Rojas (56), exfrentista condenada a 10 años de cárcel por el crimen del senador Jaime Guzmán, debía estar presa hasta junio de 2027.

En su indagación, el ministro Mario Carroza acreditó que fue parte del operativo diseñado para asesinar al fundador de la UDI, entregando información respecto de los movimientos que este realizaba al interior del Campus Oriente de la PUC el día en que fue herido de muerte.

Sin embargo, la Corte Suprema acogió un amparo presentado por su defensa y determinó otorgarle el beneficio de libertad condicional que la comisión ad hoc le había negado el 14 de octubre pasado. En definitiva: una de las autoras de este asesinato, catalogado por los tribunales de carácter terrorista, sólo cumplió la mitad de la pena a la que fue sentenciada tras pasar casi dos décadas prófuga de la justicia.

El máximo tribunal del país determinó que la Comisión de Libertad Condicional había transgredido los derechos de Mardones al no entregarle esta prerrogativa, pese a que cumplía los requisitos objetivos y subjetivos que considera la ley.

De hecho, el 10 de junio cumplió la mitad de la condena y debido a su buena conducta en la Cárcel de San Miguel fue Gendarmería la que visó su postulación.

Sin embargo, en esa oportunidad no le fue bien. La instancia, dirigida por la ministra Celia Catalán, determinó descartar el beneficio, principalmente, por el periodo en que la ex FPMR eludió la justicia. Fue detenida en 2017 por un crimen que ocurrió en 1991.

“Si bien la interna mantiene un nivel de riesgo muy bajo, carece a la fecha de beneficios intrapenitenciarios que esta comisión considera que son necesarios a objeto de evaluar la respuesta y la responsabilidad de ésta en el cumplimiento de las normas que conlleva tales beneficios, lo que en este caso es gravitante atendido el largo tiempo por el cual se mantuvo prófuga”, se lee en la resolución que motivó el amparo.