Este martes, la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford procesó al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre en el marco de la investigación del fraude en el Ejército, puntualmente por la arista denominada "Gastos Reservados".
La magistrada imputó cargos por malversación de caudales públicos contra quien fuera jefe de la institución castrense entre 2002 y 2006.
En esta indagatoria, se le acusa del desfalco de recursos por un monto total de $128.638.559. Tras el procesamiento, también se decretó que el procesado ingrese a prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén.
El militar en retiro está siendo indagado por una de las tantas aristas del millonario fraude en el Ejército que investiga la ministra Rutherford; en particular, por la causa Gastos Reservados.
En la decisión la magistrada procesó a Juan Emilio Cheyre Espinoza por perjuicio fiscal por un monto total de $128.638.559 (ciento veintiocho millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos).
Durante el proceso, Cheyre acudió al interrogatorio con Rutherford a fines de septiembre, en cuya instancia declaró por más de 10 horas ante la ministra en visita.
Cabe destacar que el exjefe castrense fue condenado en primera instancia, en 2018, por encubrir 15 homicidios ocurridos el 16 de octubre de 1973.
De esta forma, se transformó en el primer ex comandante en jefe del Ejército en ser sancionado por violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.
Ampliación para excomandantes Fuente-Alba e Izurieta
En tanto, la ministra Rutherford amplió los procesamientos de los excomandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba Poblete y Óscar Izurieta Ferrer, también por malversación, por montos que equivalen a $50.714.559 y $95.153.689, respectivamente.
En tanto, se les mantuvo la libertad provisional bajo fianza otorgada por la Corte Marcial y se decretó arraigo nacional para los tres militares en retiro.
Acto seguido, la ministra ordenó el embargo de bienes de Juan Emilio Cheyre por un monto total de $140 millones y amplió los embargos de Fuente-Alba por $55 millones y de Izurieta por un monto de $105 millones.