Ya comenzamos la discusión del Proyecto de Reforma Tributaria que incluye la creación de un órgano llamado “Defensoría del Contribuyente” que me parece un tema que al país carecía en cuanto a asistir y defender al Contribuyente, por lo tanto es necesario que exista, con los recursos y facultades requeridos para representar a los Contribuyentes más débiles, que tenga identidad propia y que sea un órgano que defienda al Contribuyente y venga a potenciar la discusión en sede jurisdiccional, otorgando así una real protección de los derechos del Contribuyente.

 

Sin embargo, la propuesta por la Reforma en su artículo 23 no es lo deseado por diversos motivos, como por ejemplo, la Defensoría no está obligada a hacer públicos los acuerdos alcanzados y menos a sujetarse a la Ley para ello, pues es un órgano administrativo extrajudicial, no jurisdiccional, y por lo tanto no se rige por los principios de independencia e imparcialidad.

 

Este órgano no tiene poder para representar en juicio a los Contribuyentes, lo que hace aún más evidente su carácter de órgano paralelo a los Tribunales Tributarios y Aduaneros, pero sin los principios y obligaciones que rigen a estos últimos.

 

Por otra parte, sus recursos financieros de bienes y personal, tampoco está claro, porque se establece en el Proyecto que para efectos de la conformación de la Defensoría, que el Presidente de la República podrá, mediante la dictación de decretos con fuerza de Ley, disponer el traspaso tanto de funcionario (sin solución de continuidad) como de bienes desde el SII y los Tribunales Tributarios y Aduaneros a la Defensoría.

 

Si vas a desmantelar otros Servicios como los Tribunales Tributarios y Aduaneros, no tendrá ningún sentido crear la figura de la Defensoría, porque además, es pertinente destacar que los TTA tienen una planta de sólo 139 funcionarios a nivel nacional, existiendo incluso tribunales conformados por sólo 4 o 5 funcionarios .Por lo tanto, cualquier traspaso de funcionarios, por muy menor que sea en número, afecta de manera considerable el ejercicio de las funciones propias de la judicatura tributaria nacional.

 

La Defensoría del Contribuyente debiera ser un órgano con facultad de representar judicialmente a aquellos contribuyentes que no cuentan con los recursos suficientes para acceder a una defensa especializada en los juicios que se ventilan en los Tribunales Tributarios Aduaneros.

Todo lo anterior, en mi opinión refleja que tendremos que modificar el Proyecto en lo que refiere a la Defensoría para adecuarlo a un objetivo real para que realmente pueda garantizar la debida protección de los derechos de los Contribuyentes, principalmente los más débiles.